El Gobierno del Chaco avanzó este jueves con la presentación de un Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que apunta a establecer un marco de estabilidad fiscal para las inversiones productivas. La iniciativa propone incorporar el artículo 40 bis a la Carta Magna provincial, con el objetivo de garantizar que no se creen nuevos tributos ni se incrementen los existentes sobre este tipo de actividades.
La propuesta fue formalizada en la Legislatura por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, junto al ministro de la Producción, Oscar Dudik, y con el acompañamiento de legisladores oficialistas. El eje central es claro: ofrecer previsibilidad y seguridad jurídica a quienes inviertan en la provincia.
Según explicó Ferro, la medida busca enviar «un mensaje claro al mundo», asegurando que las reglas fiscales no serán modificadas para los inversores. En esa línea, el proyecto establece la prohibición expresa de aumentar la carga tributaria tanto a nivel provincial como municipal sobre actividades productivas alcanzadas por la norma.
Uno de los puntos más relevantes es que cualquier disposición que contradiga esta garantía será considerada nula. Además, se incorpora un mecanismo de devolución inmediata para aquellos casos en los que se hayan percibido montos indebidos, evitando así que los contribuyentes deban atravesar procesos judiciales prolongados.
La iniciativa también contempla una cláusula destinada a resguardar la soberanía fiscal de la provincia frente a posibles cambios en el esquema tributario nacional. En ese sentido, se busca asegurar que Chaco pueda percibir tributos transferidos sin generar una doble imposición para los inversores.
En paralelo, el proyecto propone ordenar el sistema impositivo municipal, estableciendo que las tasas locales no podrán impactar de manera indirecta sobre las inversiones protegidas por la Constitución. El objetivo es eliminar distorsiones y brindar mayor previsibilidad al esquema tributario.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque «Chaco Puede», Iván Gyoker, destacó que la provincia ya viene dando señales en favor del sector privado mediante la reducción de impuestos y otras medidas. En ese marco, consideró clave consolidar estas políticas a través de una norma de máximo rango.
La reforma, indicaron desde el Ejecutivo, apunta a convertirse en una política de Estado que trascienda gestiones y permita posicionar al Chaco como un destino confiable y competitivo para la radicación de inversiones productivas.
