Tres meses de escándalo patrimonial, una causa judicial que avanzaba sin freno y un gabinete que ya no lo bancaba. Manuel Adorni presentó su renuncia este sábado en Olivos, después de una semana en la que hasta Milei le anticipó el final desde Madrid. Diego Santilli aparece como el sucesor más probable, pero la pregunta que nadie termina de responder es cómo el gobierno de la «casta» terminó protegiendo durante meses a un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni renunció este sábado a la Jefatura de Gabinete, en un desenlace que dentro del propio oficialismo consideraban inevitable desde hacía semanas. La comunicación llegó a través de su cuenta de X, donde publicó una carta de tres hojas junto al mensaje «Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin». El texto oficial cierra así tres meses de desgaste político sostenido, una causa judicial que escaló sin pausa y un gobierno que fue quedándose sin argumentos para sostenerlo.
En la carta, Adorni eligió un tono que mezcla la despedida personal con el descargo político. Señaló que el principal motivo de su salida es preservar a su familia y a quienes lo rodean: «No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática», escribió. Enumeró una larga lista de acusaciones que calificó como falsas: supuestos viajes inexistentes, gastos suntuosos, contratos irregulares, propiedades de lujo, maniobras vinculadas a criptomonedas, nepotismo, sociedades en el exterior y hasta la existencia de un supuesto pendrive con dinero en efectivo. También destacó que se trata de la primera vez, desde el inicio de la gestión, que toma una decisión contraria a la voluntad de Milei: «Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia», escribió. Lo que la carta no hace es mencionar ni una vez la causa judicial que lo tiene en la mira de Comodoro Py.
La situación judicial de Adorni era más grave de lo que dejaba trascender el expediente. El fiscal federal Gerardo Pollicita acumuló alrededor de 200 páginas con movimientos financieros que no se corresponden con los ingresos declarados por el funcionario, y estaba a punto de formalizar un requerimiento de justificación patrimonial, paso previo a una eventual citación a indagatoria ante el juez Ariel Lijo. Lo que no pudo explicar Adorni era abultado: la compra de un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cua, refacciones costosas, viajes privados en aviones de lujo y gastos en tarjeta de crédito. La suma de esos movimientos en dos años alcanza casi los 900 mil dólares, mientras su declaración jurada de 2025 consignaba dos propiedades y 42 mil dólares, y la de 2026 ya ascendía a cuatro propiedades y 944 millones de pesos.
El escándalo tuvo su episodio más llamativo cuando se reveló que Adorni había comprado, desde su cuenta personal de Mercado Libre, un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos, utilizando tarjetas de crédito ajenas. El monto era relativamente menor, pero el efecto político fue demoledor. «Son pavadas en montos, pero que pegan en la línea de flotación», reconoció un hombre del oficialismo. «Es todo los días algo nuevo, no da seguir así», agregó otro.
El fiscal Pollicita lo investiga formalmente por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de inconsistencias en sus declaraciones juradas, donde habría omitido declarar medio millón de dólares en negro, sumado a confusas justificaciones patrimoniales ligadas al movimiento de criptomonedas. En paralelo, el frente parlamentario tampoco cedía: la oposición impulsaba su interpelación y el PRO, que hasta hace poco integraba el bloque de sustento del gobierno, endureció su postura y pidió públicamente su salida.
«Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y, una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo», expresaron desde el PRO en un comunicado oficial. La presión del partido amarillo no se limitó al reclamo público: Patricia Bullrich llegó a suspender el informe de gestión que Adorni debía dar en el Senado, admitiendo que «nadie quiere reconocerlo como jefe de Gabinete y no tiene sentido exponerlo a ocho horas de palos permanentes».
El propio Milei, antes de regresar de España, había dado una señal que en los despachos se leyó como el cierre del expediente interno: declaró ante El Observador que si la Justicia encontraba culpable a Adorni, lo sacaría «de una patada». Para entonces, el funcionario ya llevaba días prácticamente aislado, sin agenda pública y reducido a tareas administrativas.
La salida, según trascendió, fue consensuada. «Esta vez es el propio Manuel que ya reconoce que está desgastado», dejaron filtrar desde el Gobierno. Diego Santilli, ministro del Interior, aparece como el candidato con más peso para asumir la Jefatura de Gabinete, con el visto bueno de Karina Milei y de Santiago Caputo. Si eso se confirma, el Ministerio del Interior pasaría a manos de Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos.
La renuncia de Adorni deja expuesta una tensión que el gobierno libertario nunca terminó de resolver: la distancia entre el discurso de la transparencia y la conducta real de sus funcionarios. Un ex vocero que hizo de la denuncia pública de la «casta corrupta» su principal activo de comunicación termina su paso por el Estado bajo investigación judicial por enriquecimiento ilícito. Si eso configura un escándalo, una excepción o un patrón es algo que la Justicia y la política bonaerense van a seguir mirando de cerca.
