Salta registró 25 muertes de personas bajo custodia del Estado entre enero de 2022 y diciembre de 2024, según el primer informe de integración del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
De acuerdo con el relevamiento publicado por Página|12, del total de fallecimientos registrados en la provincia, 19 ocurrieron en establecimientos penitenciarios y seis en comisarías. El organismo aclaró que se trata de datos provisorios.
El informe también contabilizó al menos 1.716 muertes bajo custodia estatal en todo el país durante los tres años analizados, lo que equivale a un fallecimiento cada 16 horas, en promedio.
Cuántas muertes se registraron por año en Salta
El relevamiento del CNPT detalló que en Salta se produjeron 13 fallecimientos bajo custodia estatal durante 2022, siete en 2023 y cinco en 2024.
En las cárceles provinciales se contabilizaron 11 muertes en 2022, cinco en 2023 y tres en 2024. En tanto, en las comisarías se registraron dos fallecimientos por año durante el período estudiado.
Respecto de las causas, el informe identificó enfermedades, causas externas y situaciones en las que no fue posible establecer el motivo del fallecimiento con la información disponible.
De las 19 muertes ocurridas en cárceles, nueve fueron atribuidas a enfermedades, cuatro a causas externas y seis quedaron clasificadas como de causa desconocida. Esta última categoría se utiliza cuando no existen datos suficientes para determinar cómo se produjo el deceso.
Qué propone el informe para prevenir las muertes bajo custodia
A partir de los datos recopilados, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura inició un proceso de consulta para elaborar recomendaciones destinadas a prevenir fallecimientos en cárceles, comisarías y operativos de las fuerzas de seguridad.
Entre los principales ejes se encuentran mejorar el acceso a la atención médica, fortalecer la prevención de suicidios y agresiones, revisar las condiciones de alojamiento y garantizar investigaciones exhaustivas e independientes ante muertes potencialmente ilícitas.
El organismo también señaló la necesidad de mejorar los registros oficiales y la disponibilidad de información para conocer las circunstancias de cada fallecimiento.
El informe constituye el primer relevamiento que integra información de las 24 jurisdicciones argentinas y busca aportar herramientas para diseñar políticas públicas de prevención y fortalecer los mecanismos de control sobre las instituciones estatales
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