Un nuevo hallazgo de la Policía complica la situación de Alberto Rubén Santarceri, el empresario de 57 años señalado como dueño y encargado de la clínica «Argentina Salud», el centro médico que funcionaba en forma irregular en González Catán, en La Matanza.
En el marco de la causa en la que se lo investiga por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, venta ilegal de medicamentos y usurpación de títulos, los investigadores descubrieron una gran cantidad de sellos médicos dentro de una valija que estaba en el baúl del auto del padre del principal implicado.
El hallazgo ocurrió este jueves y se suma al de otros sellos que ya habían sido encontrados durante los allanamientos que se hicieron en distintas localidades de La Matanza y la zona sur del conurbano bonaerense y en las que, además del empresario, también están involucrados otros miembros de su familia, entre ellos su esposa y sus dos hijos.
Todo se descubrió a partir de la denuncia de Romina Neira, una médica que en diciembre de 2025 recibió un llamado de una colega que la alertaba acerca de que su sello figuraba en unos certificados médicos que eran investigados por un fiscal de La Matanza.
Esos sellos la presentaban como “médica clínica”. Romina, que es médica esteticista y nunca trabajó en La Matanza, pidió que le mandasen los certificados por WhatsApp y, tras verlos, se dio cuenta de que le habían falsificado el sello y la identidad. Y que la clínica que lo hacía se llamaba “Argentina Salud”.
En diálogo con Clarín, Neira contó que inicialmente buscó el teléfono y el mail del lugar y que les mandó una carta documento. «Me respondió el coordinador, Alberto Santarceri, que me dijo que supuestamente no había ninguna persona con mi nombre que hubiera trabajado en ese lugar, pero que igualmente iban a abrir un sumario interno de investigación. Después de ahí nunca supe más nada hasta ahora», explicó la profesional.
Sin embargo, la investigación ya estaba en curso y poco después se descubrió que por lo menos 50 sellos habían sido falsificados. Y se usaban para firmar certificados médicos truchos en esa clínica que operaba de forma irregular. Con el avance de las pesquisas se descubrió que los datos de los médicos los obtenían a través de internet.
También se supo que en la sede de San Justo trabajaba una persona que se presentaba como médico pero que en realidad era un ciudadano cubano que tenía la documentación en trámite. En el cajón de su escritorio guardaba el sello trucho de un médico profesional.
Entre las denuncias presentadas, también refieren que los médicos no usaban computadoras, evitando así dejar registros de las consultas y que se manejaban siempre con recetas hechas en papel. A veces, hasta entregaban los medicamentos directamente de los cajones de sus escritorios.
Una red de clínicas truchas en La Matanza
La Fiscalía N° 1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate, que investiga el caso, descubrió que «Argentina Salud» tenía varias sedes operando en diferentes lugares de La Matanza: una en Virrey del Pino, otras dos en González Catán y dos más en San Justo. Todos lugares que atendían 24 horas en todas las especialidades.
Además, la clínica trabajaba con establecimientos educativos de la zona, como la Escuela Teresa de Calcuta, que tenía un seguro médico que los padres pagaban 60.000 pesos al mes. De esta manera, si había un alumno en emergencia se lo trasladaba a la sede de González Catán.
Este martes, mientras la Policía colocaba una faja de clausura sobre una de las sucursales de González Catán, se produjeron disturbios cuando vecinos del barrio se acercaron hasta el lugar.
Arrojaron piedras y debió intervenir la Policía. El desencadenante de ese conflicto fue el reclamo por la muerte un hombre, ocurrida el 4 de enero pasado debido a un paro cardíaco luego de llegar a la clínica ese mismo día con dolores en el pecho.
Hasta ahora, 29 personas fueron detenidas en el marco de la investigación (18 recuperaron luego la libertad), se secuestraron más de 200 sellos de profesionales de salud, 3.200 historias clínicas y medicamentos e insumos por un valor de 80 millones de pesos.
Fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que en diciembre de 2024 la clínica había sido multada por el gobierno bonaerense debido a una serie de infracciones a las normas reglamentarias y que había recibido una clausura hasta que esas irregularidades fueran subsanadas.
RN
