Este martes, a casi siete meses de que el Poder Ejecutivo promulgara en «suspenso» la Ley de Financiamiento Universitario insistida por mayoría especial de dos tercios en el Congreso, se realizará la Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional. Será la cuarta movilización en reclamo de que la administración libertaria garantice el funcionamiento de las casas de altos estudios y convoque a paritarias para recomponer los sueldos de docentes y nodocentes.
La movilización es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y confluirá a Plaza de Mayo a las 17 en el marco del reclamo porque el Ejecutivo cumpla con los fallos judiciales que le ordenan aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Defensa de la Universidad Pública
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), bajo la premisa «Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad», exigen la implementación de la norma sancionada por el Congreso en septiembre de 2025 e insistida por ambas cámaras a principios de octubre tras el veto presidencial, así como la urgente recomposición de los ingresos de los trabajadores universitarios, jaqueados por la inflación.
Desde marzo, semana a semana, docentes, investigadores y nodocentes de las casas de altos estudios nacionales llevan adelante paros y jornadas de visibilización de la crítica situación del sistema universitario por el desfinanciamiento implementado por el Ejecutivo. La última actividad se desarrolló durante tres días de la semana pasada, con el respaldo de estudiantes y la consigna La Universidad no se apaga.
El jueves, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado para celebrar que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo concedió el Recurso Extraordinario Federal planteado por la Procuración del Tesoro. Así, cuando reciba el expediente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si analiza o rechaza el recurso sobre la cuestión de fondo. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo se empeña en seguir incumpliendo la ley aprobada hace ya más de seis meses.
