Los financistas Elías Piccirillo —ex esposo de Jesica Cirio—, Martín Migueles —novio de Wanda Nara— y Francisco Hauque coordinaron entre 2020 y 2023 una maniobra interrelacionada entre agencias y casas de cambio para conseguir dólares del Banco Central al valor oficial y venderlos en el mercado blue, cuando la brecha cambiaria llegó a superar el 200 por ciento. El fiscal Franco Picardi estima que se pagaron coimas de entre el 10 y el 15 por ciento.
La hipótesis surge del análisis de los sumarios solicitados al BCRA durante la gestión de Javier Milei y de la información extraída —y hasta ahora analizada— del celular de Martín Migueles.
De una conversación mantenida entre Migueles y Ariel Saponara (“Ariel Viken”), actual funcionario del gobierno de Javier Milei, «surge con claridad la mecánica de la operatoria descripta» de pagos, dice el fiscal.
En ese chat, se le consultá directamente a Migueles si contaba con algún contacto que pudiera “liberar declaraciones de importación”, en clara referencia a la aprobación de solicitudes en el marco del sistema SIRA.
En ese contexto, Saponara refiere que un conocido suyo realizaba ese tipo de gestiones y que, considerando el pago de diversas “cometas”, el costo total de la operación ascendía aproximadamente al 15% del monto involucrado. Frente a ello, Migueles responde que él podía conseguir la aprobación “al toque”, indicando que a él le cobraban entre un 11% y un 12% por gestionar la autorización, señala el fiscal.
Por ahora no hay funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner identificados como partícipes de la maniobra, Pero en una conversación mantenida entre Martín Migueles y Francisco Hauque el primero manifiesta que “la vieja del Central” les exigía más dinero, pese a haberse llevado ya una fortuna, y que Elías Piccirillo tuvo que hablar con ella “para ponerla en vereda”
En tal sentido, de las conversaciones del teléfono de Migueles, surge que éste junto a “El Pipo”, “La Señora” y “Pato” ofrecían la posibilidad de acelerar los tiempos de aprobación de las SIRA en el gobierno K y asegurar su autorización, permitiendo de ese modo que determinadas empresas accedieran al mercado oficial de cambios en condiciones más favorables.
Por estos indicios, el fiscal Picardi pidió a los organismos que intervinieron en el otorgamiento de estos permisos de importación que aporten «un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades antes mencionadas».
Por lo pronto, el juez Lijo ya allanó los domicilios de los funcionarios del Banco Central Fabián Violante, Romina Gisela García, Diego Alberto Volcic, Analia Fernanda Jaime y María Valeria Fernández y se les secuestró dispositivos móviles y documentación, así como dinero en efectivo o valores.
Solo a través de Arg Exchange, la firma de Piccirillo —detenido por presuntamente plantarle cocaína y un arma a su ex socio Hauque—, se habrían vendido US$ 251.961.040 en ese período.
La causa se abrió tras la confesión del policía retirado Carlos “El Lobo” Smith, quien se convirtió en arrepentido y aportó audios en los que una funcionaria del BCRA hablaba con Hauque y afirmaba que “están todos entongados para arriba”. Smith es defendido por el abogado Rodrigo González.
Piccirillo y sus socios usufructuaron la Resolución General Conjunta N.º 5271/2022, dictada por la AFIP junto con la Secretaría de Comercio, que estableció el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Luego se dispuso la creación del Comité de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Importaciones SIRA, integrado por la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central. Según la investigación, funcionarios de esos tres organismos recibían coimas para entregar dólares al valor oficial destinados a falsas importaciones de bienes.
Para concretar la maniobra, estas agencias de cambio “recibían transferencias de terceros en pesos argentinos con nula o escasa justificación para luego comprar divisas a entidades financieras”. En esa línea, “se destaca la actuación, entre otros, del Banco SuCrédito, propiedad de Jorge Blanco, socio también de Piccirillo”.
Luego, “los dólares iniciaban un recorrido de operaciones recíprocas y encadenadas entre un circuito de distintas agencias de cambio, de modo de eludir la trazabilidad de las divisas y lograr hacerse de los billetes físicos para después comerciarlos en el mercado del dólar paralelo o blue”.
A raíz de ello, “obtenían ganancias que luego reintroducían en el mismo esquema, mientras que otra parte de las diferencias obtenidas ilegalmente era destinada al enriquecimiento personal y a la adquisición de bienes suntuarios”, como el viaje a Ibiza de Piccirillo y Cirio, que habría costado en total unos 7 millones de dólares.
Migueles, pareja de Wanda Nara, “intermediaba con empresas que, a través de un contacto que se desempeñaba en alguno de los organismos estatales involucrados, ofrecían gestionar la aprobación de trámites del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), solicitando a cambio el pago de sumas indebidas”.
De la causa “se desprende que por cada gestión de aprobación de SIRA, las personas intervinientes percibían aproximadamente entre un diez (10%) y un quince por ciento (15%) del valor de las importaciones, calculado en dólares al tipo de cambio oficial o blue”.
Para conseguir las autorizaciones tomaban contacto con una funcionaria “apodada ‘la vieja del Central’, quien presuntamente habría percibido sumas de dinero a cambio de permitir la continuidad de las maniobras y abstenerse de sancionarlas, en virtud de que contaría con facultades para hacerlo, toda vez que prestaría funciones en el BCRA”.
En diciembre de 2023, el juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, sobreseyó al entonces secretario de Comercio Matías Tombolini en una primera denuncia vinculada con maniobras irregulares con las SIRAs.
En el fallo, al que accedió Clarín, Ercolini sostuvo que “el procedimiento de monitoreo y trazabilidad de los trámites permitió también descartar que el licenciado Matías Tombolini, en su carácter de secretario de Comercio, hubiera contado con facultades discrecionales amplias en materia de comercio exterior como para facilitar y/o favorecer prácticas ilegales vinculadas con la aprobación de tales solicitudes, criterio que se aplica en los mismos términos al funcionario Cervantes”.
Por lo tanto, el juez homologó el pedido del fiscal y sobreseyó a Juan Cruz Morello, Gustavo Daniel Barloa, Matías Raúl Tombolini, Germán Carlos Cervantes y Danilo Raimondi, además de disponer el archivo de la causa. Sin embargo, con las nuevas pruebas incorporadas, el sistema de las SIRAs volvió a quedar bajo investigación.
