La causa que demoró 20 años y por la que este lunes fueron condenados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex gerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa se originó a partir de que el periodista Pablo Abiad revelara en Clarín las presuntas coimas para la construcción de los gasoductos y las maniobras para intentar encubrirlas.
Hace casi dos décadas este diario informaba sobre el caso en el que la multinacional sueca Skanska utilizó facturas truchas de 23 sociedades diferentes, en una operación por la que se investigaban dádivas en una licitación del Ministerio de Planificación. Los pagos a los falsos proveedores conocidos hasta ese momento sumaban unos 17 millones de pesos y se habían concretado entre julio y octubre de 2005, cuando Skanska se disponía a construir en Dean Funes, Córdoba, un tramo de la ampliación del gasoducto para el norte del país.
Fue el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo, en el gobierno de Néstor Kirchner, denunciado por los entonces diputados Adrián Pérez (ARI) y Esteban Bullrich (PRO). Entre las revelaciones, Abiad publicó que en una grabación Javier Azcárate –ejecutivo de Skanska, uno de los condenados- le reconoció al síndico de la empresa Claudio Corizzo que se habían pagado coimas para construir los gasoductos y que se usaron facturas falsas para justificarlas. Luego Abiad publicó el libro El Club K de la Obra Pública. Skanska, un caso (editorial Planeta, 2007).
En marzo de 2007, Clarín publicó que la empresa sueca reconoció el pago de «comisiones indebidas» en su participación en la ampliación de un gasoducto impulsado por el Ministerio de Planificación. «Un auditor interno de la compañía declaró ante el juez del caso que por lo menos dos ejecutivos responsables de este proyecto fueron grabados cuando admitían coimas. Serían unos 17 millones de pesos, cuyo egreso de Skanska hacia el destinatario final se materializó -en una primera etapa- a través de la presunta facturación de bienes y servicios inexistentes a sociedades fantasma o a otras que en realidad nunca brindaron ninguna contraprestación», se contaba el 25 de ese mes.
Unos días después, otra publicación indicaba que el juez Javier López Biscayart solicitaba información a nueve bancos sobre cheques que la constructora sueca había emitido por servicios aparentemente inexistentes para evadir impuestos o para ocultar el pago de coimas.
Al mes siguiente, López Biscayart revelaba que personas no identificadas, a las que definió como «agentes de organismos de inteligencia», se contactaron con ex parejas suyas para pedirles información privada acerca de él.
A fines de abril de 2007 el presidente Kirchner se refería por primera vez a ese caso de corrupción. «El Gobierno nacional no tiene nada que ver. A mi juicio es un acto de corrupción entre privados, ahí también existe la corrupción, y fuerte», decía en un acto en el Salón Sur de la Casa Rosada. «No hay un solo elemento que diga que hay un funcionario del Gobierno nacional que tenga algo que ver», agregó.
El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py condenó a De Vido, López y Ulloa a cinco años de prisión por los delitos de cohecho y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También fueron condenados 10 ex directivos de la empresa y otras dos personas por el uso de facturas falsas. Si el fallo queda firme, entre todos los condenados deberán pagar 48 millones de pesos actualizados por inflación, desde 2004 a la actualidad.
