El ministro busca desactivar críticas y explica cómo la reforma laboral impulsada por el Gobierno busca más empleo formal y reducir litigios

Sturzenegger aclaró varios puntos del proyecto de modernización laboral

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a aclarar los aspectos más controvertidos del proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno nacional envió recientemente al Congreso, en medio de un intenso debate público y político.

Sturzenegger aseguró que la iniciativa no apunta a recortar derechos laborales, sino a actualizar el marco normativo para adaptarlo a las nuevas modalidades de trabajo y reducir la alta litigiosidad en conflictos laborales que, según él, genera incertidumbre para empleadores y empleados.

Entre los cambios más discutidos, el funcionario defendió el régimen de despidos actual —un mes de sueldo por año trabajado—, aunque explicó que el proyecto propone tipificar con mayor claridad el cálculo de indemnizaciones e intereses, evitando decisiones judiciales impredecibles que encarecen los costos laborales.

En materia de vacaciones, Sturzenegger indicó que la propuesta busca romper con el esquema tradicional restringido al verano, permitiendo que trabajadores y empleadores acuerden de mutuo acuerdo el período de descanso fuera de ese marco.

Respecto a las horas extra, desmintió que vayan a eliminarse, y explicó que se incorporará un sistema de banco de horas, donde las partes podrán consensuar el intercambio de horas trabajadas por tiempo libre.

El proyecto también prevé la creación de un Fondo de Cese (FAL), similar al utilizado por UOCRA, donde las empresas aportarían un 3 % de las remuneraciones al fondo, facilitando el financiamiento de indemnizaciones sin generar un costo adicional neto para las firmas.

Además, la iniciativa incluye normas para manejar situaciones de reincorporación tras licencias prolongadas por enfermedad, permitiendo al empleador reasignar tareas si la empresa se reorganizó durante la ausencia del trabajador.

El Gobierno sostiene que la nueva ley aplicará a todas las relaciones laborales vigentes, no solo a las futuras, y que su aprobación impulsará la formalización del empleo, la mayor previsibilidad jurídica y menor litigiosidad en el mercado laboral argentino.

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