Sturzenegger defendió en el Senado los cambios a la ley de Sociedades: «Hay que atraer empresas como Apple»

En una reunión con fuertes cruces por el caso Adorni y la visita de Peter Thiel a la Argentina, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió este miércoles el proyecto que deroga la Ley de Sociedades vigente desde 1972 y la reemplaza por un régimen con menos controles para organizar empresas, elimina algunas formas societarias y crea las sociedades automatizadas sin la intervención de seres humanos.

«Las sociedades automatizadas hechas por robots o Inteligencia Artificial es un subtipo de Sociedad Anónima, se mantienen todas las obligaciones y restricciones, simplemente la gestión no la hace un humano», dijo el ministro en el inicio de su exposición ante la comisión de Legislación General del Senado, presidida por la senadora libertaria Nadia Márquez.

Sturzenegger también destacó la creación de las sociedades automatizadas descentralizadas (DAO) -que pueden ser totalmente o en parte autónomas, usan tokens y registran sus operaciones en blockchain- y aseguró que la norma busca imitar el modelo de Irlanda, que logró el «despegue celta» con la atracción de inversión extranjera y la creación de empresas.

«Apple decidió registrarse en Irlanda, cada Iphone que se vende en el mundo paga un royalty a la empresa irlandesa, van a estar pagando ganancias corporativas si se incorporan en Argentina», afirmó. Y explicó que a partir del régimen jurídico propuesto el país estaría en condiciones de generar un «ambiente atractivo» para la radicación de empresas.

En otro tramo se refirió al debate con el historiador Yuval Noah Harari, quien en un artículo reciente en Financial Times cuestionó el proyecto impulsado por Sturzenegger y el otorgamiento de una personería jurídica a los agentes de IA. «No hay motivo para pensar si la IA es más segura o insegura, cuando confiamos en Googlemaps confiamos en la IA, no hay que tenerle miedo», afirmó el funcionario.

Sturzenegger llegó pasadas las 16 a la comisión que sesionó en el primer piso del Congreso, en paralelo al debate del Super RIGI y el pago a los holdouts en Diputados. Estuvo acompañado por el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, el de Desregulación, Alejandro Cacace, la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei Farfán, y el director de la IGJ, Alejandro Ramírez.

Críticas de la oposición

En el debate estuvo presente la senadora Patricia Bullrich, pero se retiró antes de la intervención de la oposición peronista, representada por Martín Soria, Fernando Salino, Jorge Capitanich y Alicia Kirchner. «Rompen todo, cerraron 26 mil empresas en poco más de dos años, las familias se endeudan y este proyecto está firmado por Adorni, que tiene vergüenza de venir al Congreso», disparó Soria.

La oposición cuestionó la «desregulación salvaje» para crear sociedades automatizadas operadas por IA, le preguntó al ministro si se reunió con el magnate tecnológico y fundador de Palantir, Peter Thiel, quien fue calificado como un «personaje opaco y peligroso» tras su paso por la Argentina, y planteó sus dudas sobre la compatibilidad del proyecto con las normas internacionales antilavado reguladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La iniciativa oficialista dispone que los socios podrán fijar libremente el capital y señala que su función principal será determinar los derechos y obligaciones de los socios dentro de la sociedad, se eliminan la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria y la sociedad en comandita por acciones, y se orientan los controles estatales solo a las sociedades bajo regímenes especiales.

Para la oposición, la nueva normativa contiene «objeciones constitucionales», como la imposibilidad de reparación de daños cometidos por sociedades automatizadas ante la responsabilidad limitada, la falta de identificación de beneficiarios finales y la posible ausencia de controles. «Tiene que haber responsabilidad legal, beneficiarios identificados, controles trazables, domicilio identificable, responsabilidad solidaria y sometimiento a jurisdicción argentina», dijo Capitanich.

Redacción

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