Política
ZONA FRÍA ENTREGADA
El aumento será en torno al 50% porque incluye también el nuevo régimen de Zona Fría que redujo los subsidios en la región. Aval de los gobernadores aliados a Milei.
Foto: Gobierno de Río Negro
Los habitantes de 25 localidades de la región cordillerana de Chubut, Río Negro y Neuquén sufrirán en octubre un brutal aumento en las tarifas domiciliarias del gas natural, en torno del 50% o aún más, como consecuencia de dos tarifazos simultáneos y acumulativos disparados por el gobierno nacional y sus obedientes aliados gobernadores provinciales.
Ambos aumentos sumados llevarán el precio del gas local a un valor similar o aún mayor al que se paga en el resto del país, pese a que la calefacción hogareña es un bien básico para la subsistencia. Las temperaturas de la cordillera norpatagónica pueden llegar a -10 °C, con regiones donde suelen caer hasta los -15 o -20°C y soportan nevadas que perduran por semanas.
Los tarifazos se producen por dos ataques conjuntos y simultáneos de los gobiernos nacional y provinciales contra las agobiadas economías familiares.
Uno lo impusieron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, contra unos 130 mil habitantes de 25 localidades cordilleranas norpatagónicas, desde Río Mayo, en el límite entre Chubut y Santa Cruz, hasta Junín de los Andes, en el centro oeste neuquino.
Las familias sufrirán un aumento del 35% en el cargo fijo de la boleta del gas para pagar por adelantado obras del tramo final del llamado “Gasoducto Cordillerano”, paralizado en 2018 por el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
Cuando en julio de 2025 anunciaron el acuerdo para retomar las obras, Weretilneck, Torres y Figueroa aseguraron taxativamente que se iban a realizar “con fondos propios” de las tres provincias, por 24.800 millones de pesos, financiados por los bancos estatales de Neuquén y Chubut. Río Negro carece de banca pública.
Pero en realidad descargaron sin anestesia el costo de las obras sobre los habitantes de las 25 localidades, que se pagarán todos los meses a lo largo de los próximos cinco años. Y peor aún: no lo abonarán solo los nuevos usuarios potenciales, sino todos los habitantes incluidas las familias que ya pagaron por las redes de gas que los abastecen.
El segundo tarifazo acumulativo al anterior tiene como autor material e intelectual al gobierno nacional, que promulgó el pasado martes 13 un cambio en la Ley de Régimen de Zona Fría que eliminó los beneficios a una parte del país y rebajó los que por ahora siguen vigentes en la Patagonia. La Casa Rosada quitó el subsidio sobre la tarifa plena y lo aplica ahora solo al precio del gas al momento de su inyección a la red. Los precios del transporte y la distribución quedaron liberados, lo que subirá los precios entre un 20 y un 30% según el caso.
El cambio del régimen afecta a unos 2,5 millones de personas desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, y contó con el aval explícito de los gobernadores Weretilneck, Figueroa, Torres, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. En el Congreso lo votaron todos los senadores y diputados del PRO, la UCR y La Libertad Avanza de las provincias Patagónicas.
El propio Torres había negado oficialmente cambios en el régimen de zona fría, y declaró que el valor de su palabra “desmiente cualquier versión que indicaba que se iba a terminar el subsidio al gas”, según recogió la oficina de prensa provincial y reprodujo la cadena paraoficial de medios que encubre las consecuencias de sus actos.
El nuevo régimen de zona fría, además, permite sospechar la intención del régimen libertario de eliminarlo por completo. En el régimen anterior, los números eran fijos y establecidos por ley, pero ahora quedarán al arbitrio presidencial: “El PEN por sí o a través de la autoridad de aplicación queda facultado para aumentar o disminuir el nivel de recargo establecido en el presente artículo en hasta un 50% con las modalidades que considere pertinentes”, dice el párrafo 7 del inciso C, del artículo 71 de la Ley 27828, de Zonas Frías.
El anterior régimen de zona fría no tiene costo para el Estado porque se sustenta con un aporte solidario del 7,5% del cargo fijo de todas las boletas de gas del país. El nuevo régimen elimina los beneficios domiciliarios pero no reduce el aporte, que se cobrará igual aunque se desconozca el destino que tendrán los fondos.
“Es un ataque directo a los habitantes de la región, a la ciudadanía patagónica, agravado porque los gobernadores nos han dejado indefensos, nos han entregado”, cuestionó en diputado nacional peronista de Río Negro, Marcelo Mango, autor de un proyecto ya ingresado a la Cámara baja que busca la reposición de los subsidios como estaban antes y cuenta con el acompañamiento de otros seis legisladores patagónicos.
En diálogo con Tiempo Argentino, Mango afirmó que “el proyecto del gobierno nacional ya dejó bien en claro quiénes son los beneficiarios y quiénes los perjudicados. Y está claro que los perjudicados son los ciudadanos de la Patagonia, los más humildes por supuesto, que son los que siempre terminan pagando más y que deben afectar más recursos de los pocos que tienen en un contexto de ahogo y endeudamiento; en lugar de aliviar, agravan el sufrimiento de las familias”.
La Patagonia, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, desde el mar hasta la Cordillera, produce casi el 75% de toda la energía que consume la Argentina, de manera directa o indirecta. Produce el gas y el petróleo que usan las empresas y las familias, pero también el que consumen las centrales termoeléctricas. Sin embargo, la mayoría carece de gas domiciliario, y los afortunados que sí lo tienen deben pagarlo dolarizado y a precio de exportación.
Ahorro fiscal
La reforma del régimen de Zonas Frías elimina el acceso automático a los subsidios al gas para más de 3,3 millones de usuarios y restringe los descuentos a determinadas regiones y hogares que cumplan requisitos socioeconómicos. La nueva legislación establece un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que repercutirá en las facturas de los consumidores.
La medida quedó oficializada mediante la Ley 27.828, publicada en el Boletín Oficial, luego de su sanción por el Congreso el 24 de septiembre, bajo el impulso de La Libertad Avanza. La reforma representa un nuevo ajuste de los subsidios energéticos, con el que el Ejecutivo busca conseguir un ahorro fiscal estimado en 400 millones de dólares anuales. «
