El desmantelamiento del Refugio Mariquita Sánchez sigue sumando denuncias. Esta vez fueron las propias trabajadoras quienes difundieron un dossier audiovisual que reconstruye, desde adentro, lo ocurrido entre mayo y julio de 2026, luego de que el Gobierno de Jorge Macri ordenara el desalojo del edificio histórico y el traslado del dispositivo a una nueva sede con menor capacidad y peores condiciones de funcionamiento.
«Ninguna política pública se desmantela sin consecuencias. Antes de desaparecer, deja marcas. Algunas quedan escritas en expedientes. Otras quedan escritas sobre los cuerpos», comienza el documento, que resume el impacto del vaciamiento sobre uno de los espacios de protección más importantes para mujeres, niñas y niños que atraviesan situaciones extremas de violencia.
Según relatan las trabajadoras, el refugio funcionó durante años como una política pública especializada. Sin embargo, el 13 de mayo el Gobierno porteño dispuso el traslado en apenas 48 horas, reduciendo drásticamente la capacidad del dispositivo: de 47 plazas pasó a contar con apenas 16. También disminuyó el personal y se perdieron condiciones básicas de accesibilidad.
El dossier documenta un hecho de extrema gravedad. Tras el traslado del refugio, el único baño adaptado para personas con discapacidad permaneció clausurado, dejando sin condiciones de accesibilidad a una de las residentes. Ante esa situación, la mujer debió utilizar un baño común que no respondía a sus necesidades.
Fue allí donde ocurrió un accidente. La falta de regulación de la temperatura del agua provocó que saliera a una temperatura peligrosamente elevada, ocasionándole una quemadura de segundo grado de gran extensión según informan las trabajadoras. Para las trabajadoras, no se trató de un hecho fortuito sino de la consecuencia directa del desmantelamiento del dispositivo y de la ausencia de condiciones mínimas de seguridad.
El documento reconstruye la cadena de responsabilidades que hizo posible ese episodio: el traslado apresurado del refugio en apenas 48 horas, la clausura del baño adaptado, las deficiencias de infraestructura del nuevo edificio, la reducción del personal y la sobrecarga laboral de las trabajadoras, que debieron sostener el funcionamiento del dispositivo con menos recursos y en peores condiciones.
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Además, denuncia que, pese a que profesionales especializados recomendaron la internación de la mujer en un centro de atención para personas quemadas, esa indicación nunca se concretó. En cambio, las curaciones quedaron a cargo de las operadoras sociales del refugio, quienes asumieron esa tarea mientras continuaban sosteniendo el cuidado cotidiano en un contexto de creciente precarización laboral.
El documento también señala que estos hechos comprometen obligaciones asumidas por el Estado argentino en la Convención de Belém do Pará, la Ley 26.485 de Protección Integral, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
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«De 47 plazas a 16. Del parque a espacios reducidos. Del baño adaptado a un baño clausurado. De equipos suficientes a planteles reducidos. De una política del cuidado a una lógica del ajuste», sintetiza el documento.
La difusión de este material se suma a las distintas acciones que vienen impulsando las trabajadoras para denunciar el vaciamiento del Refugio Mariquita Sánchez y exigir que el Gobierno de la Ciudad revierta el desmantelamiento del dispositivo, garantizando condiciones dignas tanto para las mujeres alojadas como para quienes sostienen diariamente las tareas de cuidado.
