La muerte de un imputado en una causa por supuesta corrupción en la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación, en la época de Alejandra Gils Carbó, sacudió a los tribunales. Guillermo Bellingi (55), exsubdirector general en ese organismo, apareció muerto de una cuchillada en una calle de La Plata e investigan un posible suicidio.
La causa en la que Bellingi debía declarar en menos de tres semanas investiga la compra de el Petit Hotel de Perón 667, a donde en el 2013 se mudó la Procuración General de la Nación.
Para esa compra hubo un llamado a licitación en el que Bellingi y su medio hermano, Juan Carlos Thill, que intervinieron. Bellingi como uno de los responsables de la operación y Thill como asesor de la inmobiliaria, por lo que cobró una comisión de 3 millones de pesos (al cambio del momento unos 500 mil dólares). La empresa Argentina Financiera S.A. (Arfinsa), del grupo Bemberg, vendió el edificio a la Procuración por $43.850.000 de 2021.
Los contratos fueron firmados antes de que la licitación se hiciera pública con el nombre del ganador. La Justicia sostiene que Bellingi aportó información privilegiada a los ganadores de la licitación 1/2013. Por eso, el juez federal Julián Ercolini instruyó la causa y mandó a juicio oral a Gils Carbó y también a Bellingi.
La sorpresa surgió este martes cuando Bellingi fue encontrado con una cuchillada en el pecho en la calle 8, entre 406 y 407, de Villa Elisa.
Un hombre vio el cuerpo y llamó al 911. Junto a su cuerpo la Policía bonaerense encontró su billetera, su celular, un reloj y un «cuchillo del tipo criollo», además de la vaina del cuchillo, detalló el diario La Nación. Estaba vestido con un buzo de color verde, jean y zapatos marrones. Cargaba una mochila de color azul.
La Policía sospecha que pudo haberse tratado de un suicidio porque la herida fue en la parte baja del tórax con inclinación hacia el lado izquierdo y el cuerpo no presentaba signos de defensa u otras lesiones. Más allá de la sospecha policial, la autopsia determinará más detalles.
Durante la investigación, Bellingi fue suspendido por un sumario que indicó la propia Gils Carbó. En 2017, cuando la funcionaria nombrada por el Senado aún estaba en el cargo, Bellingi pidió volver a su empleo para cobrar el sueldo. Gils Carbó lo aceptó, pero no lo reintegró a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde se desempeñaba al momento de ser suspendido, sino a la biblioteca de la institución.
Según definió el fiscal Eduardo Taiano al pedir su indagatoria Bellingi «ocupó un lugar decisivo» en el trámite de la licitación cuestionada. El fiscal también consignó que el funcionario fue nombrado en la Procuración menos de un mes después del desembarco de Gils Carbó «en el inédito y novedoso cargo de coordinador de la Procuración General», con «dependencia directa» de ella y «en equiparación con el puesto de subdirector general».
En menos de tres semanas, arranca el juicio donde debía declarar como uno de los principales imputados, junto a Gils Carbó. Será en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 (TOF 8), a cargo de los jueces Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, con acusación del fiscal general Marcelo Colombo.
