Un fallo suspendió el pago del Salario Social Complementario y crece la preocupación en las organizaciones

Esta semana, se desató una nueva polémica entre las organizaciones sociales y el Gobierno nacional. En esta ocasión, Barrios de Pie La Matanza se declaró en “estado de alerta y asamblea” luego de que la Justicia Federal revocara la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a pagar el Salario Social Complementario a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo. Según denunciaron, la decisión deja en riesgo el ingreso de miles de trabajadores de la economía popular y abre un escenario de incertidumbre de cara al próximo pago.

En un comunicado, Barrios de Pie sostuvo que fue la Cámara Federal de San Martín la que revocó la cautelar. Según la organización, la decisión deja sin efecto el cobro para más de 900.000 personas en situación de vulnerabilidad. «En medio de esta crisis de pobreza y abandono siguen destruyendo lo poco que le queda a los trabajadores de la economía popular«, manifestaron. Además, cuestionaron que “la Justicia actúa en connivencia con el Ministerio de Capital Humano» y advirtieron que «no tiene en consideración que el hambre no espera».

Estado de alerta

Al respecto, y en diálogo con Radio Universidad, la dirigente Viviana Oscari explicó que las organizaciones comenzaron a debatir medidas ante esta situación. «Estamos en estado de alerta y asamblea discutiendo frente a Capital Inhumano el cobro de los 78 mil pesos de los compañeros de las cooperativas del programa Argentina Trabaja, que hoy es Volver al Trabajo y que el Gobierno se niega a pagar«, sostuvo.

«Es un gobierno inhumano que viene eliminando todas las tareas de trabajo. Devastaron las cooperativas, devastaron todo lo que era la economía popular y ahora quieren sacar lo poco que tenemos», afirmó y aseguró: «Por esta situación resolvimos el estado de alerta y asamblea».

Respecto del fallo judicial, Oscari aclaró que el reclamo continuará por la vía legal. «La Justicia le dio lugar al Estado para revocar la cautelar, pero el juicio sigue. Ahora depende del Gobierno si decide pagar o no en agosto», explicó. En ese sentido, remarcó: «Tenemos la esperanza de que este Gobierno deje de ser tan inhumano con los compañeros. No estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de 78 mil pesos que son fundamentales para quienes hoy sostienen a sus familias».

Redacción

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