El caso por la contaminación en la ex Botnia dio un giro favorable para el reclamo argentino. El informe del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) realizado en 2023, al que accedió LPO, da cuenta de «episodios de toxicidad detectados en los últimos meses del año».
El monitoreo conjunto de los efluentes de la planta, que aclara que «no se registraron incumplimientos respecto de los límites de carga y calidad establecidos por la normativa vigente», destaca que se realizaron 12 inspecciones y muestreos en la planta, correspondientes a los ingresos N°135 al 146, con la participación de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) de Uruguay.
El trabajo incluyó el relevamiento de 117 parámetros ambientales, de los cuales 55 están regulados por la normativa vigente y otros 62 no forman parte de los estándares reglamentarios actuales.
Además, se efectuaron ensayos de toxicidad utilizando los organismos Daphnia magna y el sistema Microtox, herramientas empleadas internacionalmente para evaluar posibles efectos adversos de los efluentes sobre organismos acuáticos.
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El informe señala también que los valores de carga correspondientes a los parámetros regulados se ubicaron por debajo de los máximos mensuales permitidos. «La única excepción registrada fue el parámetro fósforo en una medición realizada el 11 de abril de 2023», detalla.
En efecto, el reporte refleja diferencias de interpretación entre los integrantes del Comité Científico. Los especialistas Christian Clavijo, Emilio Menvielle y Alejandra Rodríguez sostienen que los análisis realizados evidencian que el efluente de la planta provocó toxicidad sobre Daphnia magna durante noviembre y diciembre de 2023, una observación que introduce una señal de alerta sobre los posibles impactos biológicos de los vertidos.
El trabajo incluyó el relevamiento de 117 parámetros ambientales, de los cuales 55 están regulados por la normativa vigente y otros 62 no forman parte de los estándares reglamentarios actuales
Por su parte, el integrante Eugenio Lorenzo concluyó que los resultados obtenidos no permiten afirmar la existencia de incumplimientos normativos en relación con los parámetros de calidad del efluente monitoreados durante el período analizado.
De esta manera, el informe presenta un escenario en el que la planta Orión cumplió con los estándares regulatorios establecidos, aunque deja planteado un debate técnico respecto de los efectos ambientales detectados en algunos ensayos de toxicidad, un aspecto que podría seguir siendo objeto de evaluación en futuros monitoreos del Río Uruguay.
Una fuente diplomática que tuvo un activo rol en esa época dijo a LPO que «el informe confirma que teníamos razón, hay toxicidad en el efluente».
El informe confirma que teníamos razón, hay toxicidad en el efluente
Argentina y Uruguay mantuvieron entre 2005 y 2010 un conflicto debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú. En 2013 el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción.
En el curso del conflicto, se dejó sin efecto la construcción de una de las dos plantas, la proyectada por la empresa española ENCE, que decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos forestales a la empresa chilena Arauco y a la sueco -finlandesa Stora Enso. La otra planta, proyectada por la empresa finlandesa Metsa-Botnia (luego transferida a la empresa UPM-Kymmene, también finlandesa) fue finalmente construida durante el conflicto y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007.
Este informe toca de costado el otro frente que están transitando Argentina y Uruguay sobre el proyecto de instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y e-combustibles en la ciudad de Paysandú y generó tensión por su posible impacto ambiental y económico.
