En 1914, cuando la Argentina creó sus primeras cajas jubilatorias, solo cuatro de cada cien habitantes tenían más de 60 años. Hoy esa proporción alcanza el 16%, y las proyecciones del INDEC indican que para 2050 trepará al 26%. Dicho de otra manera: a principios del siglo pasado había un mayor de 60 años por cada 25 personas; hoy hay uno por cada seis, y dentro de dos décadas habrá uno por cada cuatro.
Se trata de una de las transformaciones estructurales más profundas y predecibles de la sociedad argentina. Y, sin embargo, el sistema previsional que debería dar respuesta a esa realidad no ha cambiado en lo esencial.
Las reglas de acceso a la jubilación vigentes hoy son, en sus rasgos fundamentales, las mismas que se definieron hace más de tres décadas. El régimen general exige 60 años para las mujeres y 65 para los varones, con 30 años de aportes, condiciones que no difieren sustancialmente de las que estableció la primera caja en 1904.
Pero lo que sí cambió radicalmente es la realidad demográfica sobre la que esas reglas operan. Quienes alcanzan los 60 años viven hoy en promedio 25 años más, frente a los 15 años que se estimaban en los albores del sistema. La combinación de mayor longevidad con caída sostenida de la natalidad comprime la base activa que financia el sistema y ensancha la cima pasiva que lo demanda. Esa ecuación, por definición, no puede cerrarse sin reformas estructurales.
La arquitectura institucional del sistema agrava el diagnóstico. Lejos de la uniformidad que podría facilitar su gestión y sostenibilidad, el entramado previsional argentino es un mosaico de excepciones: siete regímenes especiales nacionales, más de un centenar de regímenes diferenciales, 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales y 82 cajas de profesionales, a los que se suman las reglas particulares de las fuerzas de seguridad.
En la mayoría de los casos, estos esquemas ofrecen condiciones de retiro, aportes, haberes iniciales y movilidad más favorables que el régimen general. El resultado es un sistema que, en lugar de adaptarse a la realidad demográfica del siglo XXI, ha tendido históricamente a multiplicar sus compromisos en dirección contraria a la sostenibilidad.
Caja de Jubilaciones de Santa Fe
Un sistema cada vez más presionado
Este inmovilismo no es consecuencia de la falta de información ni de la ausencia de diagnóstico. Es, en buena medida, una decisión política. Los argumentos de los derechos adquiridos y la solidaridad intergeneracional se invocan de manera sistemática para blindar un statu quo que resulta insostenible a mediano plazo.
La misma lógica se replica en el sistema de salud: el PAMI fue creado en 1971 y no fue objeto de ninguna reforma estructural significativa desde entonces. Su principal fuente de financiamiento continúa siendo un aporte del 5% sobre el salario de los trabajadores activos, exactamente el mismo porcentaje que se fijó cuando la proporción de adultos mayores en la población era menos de la mitad de la actual. Esa aritmética tiene un límite.
Las consecuencias de posponer las reformas necesarias no son abstractas. Ya se han manifestado en ciclos repetidos de deterioro. Cuando el sistema previsional entra en crisis financiera, el ajuste no se debate públicamente: ocurre de manera silenciosa, a través de la licuación del haber real por la vía inflacionaria.
Cuando el PAMI no puede sostener su oferta de servicios, el deterioro se traslada a los beneficiarios en forma de demoras, restricciones de cobertura y menor calidad de atención. Tampoco resulta razonable depositar expectativas en una eventual reducción de la informalidad laboral como solución de fondo: incluso el escenario más optimista de formalización del empleo resultaría insuficiente para compensar el impacto del cambio demográfico.
La informalidad es un problema real, pero no es la causa del desequilibrio previsional ni puede ser su remedio.
La salida no pasa por volcar más recursos a un sistema con reglas obsoletas, sino por rediseñar esas reglas para que reflejen la realidad demográfica de este siglo. En materia previsional, el esquema de cuentas nocionales ofrece una respuesta técnicamente sólida, con antecedentes exitosos en varios países. Bajo este modelo, el haber se determina en función de los aportes acumulados a lo largo de la vida activa y de la expectativa de vida al momento del retiro.
Posponer la jubilación o incrementar los aportes se traduce directamente en una prestación más alta, generando incentivos alineados con la sostenibilidad del sistema.
En el ámbito de la salud, una opción complementaria consiste en permitir que el trabajador mantenga, al jubilarse, la cobertura que tenía como activo, distribuyendo la demanda de atención médica en lugar de concentrarla sobre un único sistema financieramente fragilizado por la presión demográfica.
El envejecimiento poblacional no es una amenaza futura. Es una realidad presente que acumula presiones sobre un sistema diseñado para una Argentina que ya no existe. Cada año sin reforma es un año en que el costo de la adaptación crece y el margen para realizarla de manera ordenada se estrecha.
La disyuntiva no es entre cambiar o no cambiar. Es entre hacerlo con planificación, gradualidad y debate público, o aguardar a que una nueva crisis financiera imponga los ajustes de siempre: los más abruptos, los más regresivos y los menos transparentes.
El autor es profesor de la Universidad del CEMA.
