La negociación entre el Gobierno nacional y los sectores docentes y nodocentes universitarios volvió a terminar sin acuerdo. Este jueves, las partes se reunieron desde las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la paritaria convocada por la Secretaría de Educación, pero el Ejecutivo volvió a ofrecer un tres por ciento de aumento, la misma oferta realizada a comienzos de septiembre y que ya había sido rechazada por todas las organizaciones sindicales.
Ante la falta de avances, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció un paro total de 48 horas para los días 18 y 22 de septiembre, así como 23 días de protesta, en el marco del plan de lucha que encamina al sistema universitario hacia otra Marcha Federal Universitaria y que incluye a los gremios de los trabajadores docentes (ADUNLaM) y nodocentes (ATUNLaM) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).
La nueva reunión llegó en una semana marcada por distintas medidas de protesta. Este martes 15 se realizó una jornada de visibilización y, el miércoles, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó, en el Anexo A del Congreso de la Nación, su propuesta de presupuesto universitario para 2027.
Así, el paro de 48 horas se suma a las medidas que vienen llevando adelante los trabajadores universitarios en reclamo de la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para las universidades públicas. Asimismo, el Frente Sindical le puso fecha a la quinta Marcha Federal Universitaria: 15 de octubre.
Defensa de la universidad pública
“El tres por ciento que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectivo el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial que ronda el 33,4 por ciento como la deuda salarial del órden de los cuatro salarios”, expresa el comunicado del frente sindical.
“La defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha”, agrega el texto.
Cabe mencionar que, en diciembre, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick dictó una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. No obstante, el primer día de septiembre, resolvió “denegar el levantamiento de la medida cautelar dictada a favor de las accionantes” y requerir al Gobierno que detalle “el grado de cumplimiento a la fecha de la cautelar en su conjunto”.
Además, el reclamo está atravesado por la discusión del Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso. La iniciativa contempla 7,3 billones de pesos para el sostenimiento de las universidades públicas durante el próximo año, mientras que el CIN solicitó once billones de pesos.
