El regreso de las vacaciones de invierno no trajo clases, trajo un paro con adhesión fuerte en el conurbano y una nueva pelea institucional entre Nación y la Provincia. Mientras los gremios reclaman salario y presupuesto, el Gobierno nacional intentó meterse en las escuelas bonaerenses para controlar quién paraba y quién no. La Provincia le dijo que no tiene por qué dejarlo entrar.
El primer día de clases después del receso invernal terminó siendo, otra vez, un día sin clases en buena parte del territorio bonaerense. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina convocó un paro nacional que en la Ciudad de Buenos Aires tuvo un acatamiento dispar, con escuelas que funcionaron con normalidad o de manera parcial, pero que en el conurbano y buena parte de la provincia se sintió con fuerza, tal como habían anticipado los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense. En La Plata, el paro también alcanzó a la Universidad Nacional, donde la Asociación de Docentes adhirió a la medida y no hubo actividad en ninguna facultad.
Los números que circulan explican buena parte del malestar. Desde la organización sindical nacional sostienen que el salario mínimo docente ronda los 500.000 pesos, una cifra que consideran insuficiente frente a la inflación acumulada, y por eso reclaman la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente eliminado en 2024 y mayor inversión en infraestructura, comedores y becas. En el plano universitario, el reclamo tiene un antecedente judicial concreto: la Corte Suprema ya confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a la recomposición salarial, un fallo que sigue firme y que, según trascendió, el Gobierno todavía no terminó de traducir en los recibos de sueldo.
Pero lo que le dio otro color a la jornada fue lo que pasó por fuera del aula. Antes de que arrancara el paro, el Ministerio de Capital Humano anunció que haría inspecciones muestrales en escuelas bonaerenses para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802, la norma que declara a la educación servicio esencial y exige una prestación mínima durante las medidas de fuerza. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia respondió con una circular a inspectores y directivos con una instrucción clara: no darle información a los funcionarios nacionales.
¿Es una defensa genuina de la autonomía provincial en materia educativa o una forma de blindar el paro sin decirlo? La Provincia sostuvo en el documento que las inspecciones impulsadas desde Nación carecen de sustento constitucional porque la educación es una competencia reservada a las provincias, y ratificó que no va a colaborar con los controles. Es un argumento jurídicamente atendible, pero también es, en los hechos, un freno directo a la capacidad de fiscalización que el Gobierno nacional quería mostrar el mismo día en que buena parte de las escuelas bonaerenses amanecieron sin actividad.
El cruce no es un hecho aislado. Se suma a una serie de tensiones entre la administración de Axel Kicillof y el Gobierno de Javier Milei que vienen escalando en distintos frentes, desde el financiamiento universitario hasta la política de seguridad, y que encuentran en la educación uno de los terrenos donde la disputa por quién controla qué se vuelve más visible. En el plano universitario, mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional pidió que la Justicia avance con una sentencia definitiva sobre el incumplimiento de la ley de financiamiento, en un gesto que muestra que la vía judicial sigue siendo, para las universidades, más confiable que la buena voluntad del Ejecutivo.
Lo que queda para las próximas semanas son dos verificaciones cruzadas. Las universidades esperan las liquidaciones salariales de julio para confirmar si el fallo de la Corte empezó a bajar a los sueldos. Y la Provincia, con su negativa a colaborar, deja abierta la duda de si el Gobierno nacional insistirá con las inspecciones por otra vía o si el episodio queda como una escaramuza más en una relación que, entre Nación y Provincia, cada vez tiene menos margen para los gestos de cortesía.
