Uruguay tiene razones para defender su democracia. Las elecciones libres, el pluralismo, la alternancia y las libertades civiles constituyen un patrimonio que merece cuidado. El índice de The Economist de 2024 lo clasificó como la única democracia plena de América del Sur. Pero ese reconocimiento no describe, por sí solo, cómo viven los uruguayos.
La contradicción aparece cuando el orgullo institucional se enfrenta a los resultados sociales. Podemos garantizar el derecho a votar y mantener profundas desigualdades en las posibilidades de estudiar, crecer con protección y acceder a cuidados. La estabilidad ofrece herramientas para resolver esos problemas; no asegura que se utilicen con eficacia. En educación, el dato es contundente: en 2025, apenas el 56,4% de los jóvenes de entre 21 y 23 años había culminado la educación media superior, según el INEEd. Eso no significa que todos los restantes hayan abandonado definitivamente sus estudios. Sí revela una dificultad persistente para garantizar una formación completa. Detrás de cada trayectoria interrumpida hay oportunidades laborales y personales que se estrechan.
La infancia también cuestiona nuestra imagen de país integrado. UNICEF señaló que, con la nueva metodología de ingresos, la pobreza alcanzaba en 2024 al 29% de los menores de 18 años, el doble que entre los adultos. Una sociedad que concentra las privaciones en sus niños compromete derechos presentes y oportunidades futuras. La protección no puede depender del barrio ni del ingreso familiar. En salud mental, Uruguay figura entre los países con mayor mortalidad por suicidio de las Américas, según la OPS. El MSP registró 668 fallecimientos en 2025, una tasa de 19,16 por cada 100.000 habitantes. La disminución respecto de 2024 debe reconocerse, sin convertirla en motivo de conformismo. El suicidio es multifactorial y requiere prevención, atención oportuna y continuidad de los cuidados. Reducirlo a una sola causa impide comprenderlo. La crítica exige precisión: no existe fundamento suficiente para afirmar que Uruguay tiene los peores indicadores latinoamericanos en las tres áreas. Tampoco hace falta encabezar una estadística negativa para reclamar decisiones. La gravedad de estos problemas alcanza para exigir respuestas y evaluar sus resultados.
Son deudas que atraviesan gobiernos y partidos. Esa continuidad no diluye responsabilidades: obliga a revisar prioridades, asignar recursos y sostener políticas más allá del calendario electoral. Los acuerdos deben traducirse en metas verificables y rendición de cuentas.
Una democracia sólida debe responder también por la infancia que protege, los estudiantes que acompaña y los cuidados que garantiza. El prestigio internacional obliga; no absuelve.
