Por Jorge Majfud. Rebelión_Resumen Latinoamericano 3 de agosto 2026.
Desde civilizaciones antiguas, los ideales sociales e individuales fueron la libertad y la seguridad; los Estados modernos, fundados en la Ilustración, le agregaron el concepto indígena de la igualdad, que transformó los ideales de libertad y seguridad como privilegios de los poderosos en derechos universales. Como en el caso de algunos pueblos nativos que precedieron a la Ilustración, esta libertad universal en un mundo naturalmente diverso, sólo era posible con un gran acuerdo de paz basado en los principios de libertad, igualdad y solidaridad, los que sólo eran posibles incluyendo la diversidad en el derecho a la igual-libertad y excluyendo los privilegios de los poderosos.
En los Estados modernos, esos acuerdos fueron las constituciones ilustradas orientadas a esos ideales. La paradoja radica en que, primero, un ideal nunca es alcanzable, no sólo por la naturaleza humana sino porque la realidad se encuentra en perpetuo cambio; segundo, porque la libertad de los poderosos (el derecho a la acumulación ilimitada de propiedad privada, AIPP) siempre estuvo en conflicto con el derecho a la igual-libertad de los pueblos. Razón por la cual el acuerdo social, la constitución, como las leyes, deben ser revisados constantemente para que los muertos se limiten a su rol de consejeros sin gobernar a los vivos.
Hubo democracias liberales que cedieron cierto poder a las mayorías debido a la fuerza de su propia organización y a la importancia de su rol de producción y consumo, tanto material como cultural. Sin embargo, como estas democracias nunca rompieron la dinámica feudal, radicalizada por el capitalismo, nunca dejaron de ser “democracias controladas”, cuyas dictaduras militares y coloniales demostraron que el poder de las élites económicas era lo único intocable, no las tímidas democracias que las legitimaban de vez en cuando.
Actualmente, ese proceso de democratización progresiva se encuentra, otra vez, en retroceso: los derechos vuelven a ceder ante los privilegios (AIPP). Los poderes nacionales e internacionales han aumentado la brecha económica y financiera hasta un extremo que pone en riesgo hasta su propia existencia ante una crisis total, comenzando en las antiguas potencias mundiales.
Uruguay tiene una de las democracias modernas (indirectas, limitadas) más reconocidas del mundo. Como todos, este reconocimiento se basa en un pasado. Un pasado cambiante y experimental con algo más de un siglo, con trágicas interrupciones. Precisamente, por esa tradición, debería retomar los ideales ilustrados y atreverse a democratizar sus propias instituciones, más en un momento en que el presente confirma una voluntad medieval contra el mayor paradigma de la historia moderna: la igual-libertad.
Como toda democracia liberal, también la uruguaya refleja el poder económico y social, con sus clases dominantes, representadas y protegidas de forma desproporcionada. Durante demasiado tiempo, muchas instituciones y la misma cultura política han funcionado bajo una lógica de distancia entre gobernantes (los adultos responsables) y gobernados (la masa inmadura). Los privilegios legales de los representantes de los poderes dominantes, en su mayoría, como los fueros o las discreciones administrativas, con más frecuencia que excepciones han sido una barrera contra la justicia.
La inmunidad debe proteger la libertad política, no la impunidad ni la arrogancia de quienes ostentan un poder prestado por los pueblos. Por la misma razón, la transparencia tampoco debe depender de la voluntad de quienes gobiernan o de quienes ostentan el poder social debido a una particularidad exclusiva: su mayor acumulación de capitales financieros o materiales.
Lo peor que le puede pasar a una democracia es dejar la política en manos de los políticos―y aun peor: en manos de quienes poseen un poder desproporcionado debido a esta acumulación. Una democracia madura necesita instituciones capaces de controlar el poder en todas sus formas, no solamente castigando a quienes son descubiertos luego de ejercer la corrupción legal o ilegal. Por ejemplo, organismos como la JUTEP y el Tribunal de Cuentas deberían contar con herramientas efectivas para fiscalizar el uso de los recursos públicos.
También resulta necesario discutir el papel presente e histórico de las fuerzas armadas. Como bien observó Eisenhower en 1961, el mayor peligro para una democracia es el Complejo Militar Industrial. Este tiene su centro en las superpotencias globales, sobre todo en Estados Unidos. Uruguay es apenas un consumidor de la chatarra que desechan estas potencias y, más importante, como cualquier país mediano o pequeño, es el objeto de las megafinancieras que succionan capitales a través de las deudas nacionales y de la privatización de los ahorros que intermediarios como las AFAP canalizan con sus inversiones en el Mercado de la Muerte.
Uruguay, un país pequeño sin un conflicto bélico desde 1870 y con tres dictaduras cívico-militares desde entonces, debe preguntarse si sus prioridades presupuestarias corresponden a sus verdaderas necesidades. Aparte de una guardia fronteriza, su seguridad nacional no se mide por su gasto militar de cuarteles―irrelevantes para cualquier conflicto regional―, sino por la calidad de vida de su población, por su diplomacia, por sus alianzas sólidas con otros países de la región y por su independencia cultural, científica y tecnológica.
Una democracia del siglo XXI tampoco puede ignorar a los uruguayos que viven fuera del territorio nacional. La distancia geográfica no cancela ni los derechos ni las obligaciones de la ciudadanía. De la misma forma, nadie pierde su derecho al voto por no poder trasladarse de un rincón del país al otro, lo que en ocasiones resultaría más costoso que viajar desde alguno de los países fronterizos para ejercerlo. El solo hecho de que la constitución permita el voto de los extranjeros sin ciudadanía, pero no el de sus ciudadanos en el extranjero, dice mucho de esta inconsistencia histórica. Quienes mantienen vínculos económicos, familiares y culturales con Uruguay deben tener el derecho a participar en las decisiones colectivas de su país. Aparte de las remesas que envían, muchos uruguayos residentes en el exterior pagan impuestos en Uruguay para cubrir servicios que nunca usan. Muchos, al retirarse, llevarán a Uruguay sus ahorros y los aportes jubilatorios realizados en otros países. Claro que más allá de estas razones materiales están las afectivas. Las raíces son lo último que se seca. Aparte de que la actual constitución prohíbe renunciar a la ciudadanía uruguaya, está el simple derecho ciudadano que no se suspende al viajar o por vivir en el exterior.
La discusión sobre las AFAP refleja otro debate más profundo sobre quién controla los recursos producidos por la sociedad. Si los fondos previsionales permanecen en manos privadas, debe existir una transparencia absoluta (y utópica) sobre inversiones, ganancias, comisiones y obligaciones. Los administradores de fondos previsionales pueden invertir el dinero de los ahorristas (de hecho, lo hacen) en guerras y genocidios a través de sus porfolios. Estas inversiones también refuerzan el poder imperial que luego volverá a los países aportantes en forma de préstamos e imposiciones extranjeras.
Reformar la Constitución no significa destruir la tradición democrática uruguaya. Significa tomarla en serio. Las democracias que se niegan a cambiar terminan siendo museos políticos: conservan mitos, monumentos y fósiles del pasado mientras pierden contacto con la realidad o la distorsionan hasta hacerla irreconocible para sus propios ciudadanos. Los vivos terminan siendo gobernados por los muertos.
En lo personal, entiendo que la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Polo de Izquierda planea unos puntos más importantes que otros; unos más discutibles que otros, pero, en general, plantea una discusión necesaria para la sociedad uruguaya. Naturalmente, todo sistema político es conservador, incluso los más progresistas. Es conservador porque las instituciones están diseñadas para perpetrarse y perpetuar el poder de quienes las organizan, las aprueban o las toleran. Es conservador porque está compuesto por seres humanos y la mayoría son profesionales en sus funciones, es decir, dependen económicamente de un sistema.
La historia nos muestra y demuestra que, con excepciones, los cambios llegan después de las crisis, a pesar de que la lógica indica que los cambios deberían llegar primero para evitar las crisis. Hagamos un acto de fe y confiemos en que esta será una de aquellas excepciones.
