Una mujer fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Salta, después de que un acuerdo entre las partes fuera homologado en una audiencia de revisión de prisión preventiva. La acusada, Daniela Alejandra Aguilera, admitió su responsabilidad penal en una causa impulsada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR).
La resolución fue dictada por el juez José Luis Riera, mientras que la representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del fiscal penal Gustavo Torres Rubelt. El caso tuvo origen en una denuncia anónima presentada a través del sitio web, a partir de la cual se inició una investigación sobre presuntas maniobras de venta de droga en una vivienda de barrio Solidaridad, en la capital salteña.
El expediente avanzó con tareas de vigilancia y recolección de pruebas que, según la información proporcionada, permitieron documentar una modalidad de comercialización directa desde el inmueble. La pesquisa concluyó con un allanamiento realizado el 17 de julio, el secuestro de droga fraccionada y otros elementos vinculados al narcomenudeo, y una condena que dejó firme la responsabilidad de la imputada.
De acuerdo con los datos del caso, se realizaron entrevistas, vigilancia y registros fotográficos y fílmicos. Ese conjunto de medidas permitió reconstruir movimientos reiterados en torno a la vivienda y aportar pruebas sobre intercambios compatibles con operaciones de venta al menudeo.
La secuencia observada por los investigadores mostraba a personas que se acercaban hasta una ventana de la casa. Allí, siempre según la acusación sostenida en el expediente, se concretaban intercambios de dinero por envoltorios con droga, una modalidad que luego fue incorporada como uno de los ejes probatorios de la causa.
Uno de los elementos que fortaleció la investigación fue la intervención sobre algunos compradores después de que se retiraran del inmueble. En esos procedimientos, se constató que varias de esas personas llevaban consigo pasta base de cocaína, un dato que reforzó la hipótesis de comercialización sostenida por la fiscalía.
La información reunida en esa etapa sirvió para que la UFINAR solicitara una orden judicial de allanamiento sobre la vivienda investigada. El pedido se apoyó en el seguimiento previo, en los registros obtenidos por los agentes y en la identificación de maniobras repetidas en el domicilio señalado en la denuncia.
Durante el procedimiento en la vivienda, los agentes encontraron envoltorios con cocaína, algunos de ellos escondidos dentro de un mate. También se halló cocaína granulada sobre dos platos, además de otros indicios asociados a una actividad de preparación y venta de droga.
Entre los objetos secuestrados figuraban cuchillos y un colador con restos de sustancia, una balanza, una tijera, bolsas y recortes de plástico. De acuerdo con la información judicial difundida, esos elementos eran compatibles con tareas de fraccionamiento para la distribución de dosis.
El operativo también derivó en el secuestro de marihuana, dinero en efectivo y ocho teléfonos celulares, todos incorporados a la causa como parte del material recogido en el inmueble. La diversidad de elementos encontrados fue valorada dentro del expediente como sustento adicional de la acusación por tenencia con fines de comercialización. Según el resultado informado en la causa, el total equivalía a más de 400 dosis de cocaína y marihuana, una cantidad incorporada como dato central en la acusación.
La acusada permanecía detenida en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta mientras avanzaba el proceso. En ese contexto se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva, una instancia en la que las partes alcanzaron un acuerdo en torno al delito atribuido.
En la audiencia, el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt representó al Ministerio Público Fiscal en el marco de la actuación de la UFINAR. Allí, las partes arribaron a un acuerdo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, figura por la que finalmente recayó la condena.
El juez José Luis Riera homologó ese acuerdo y condenó a Daniela Alejandra Aguilera a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La decisión cerró el proceso judicial sobre la base de la admisión de responsabilidad realizada por la acusada.
