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A pesar de haber sido liberados, fueron acusados de atentado, resistencia, lesiones y daños. El Gobierno se quejó por su pronta liberación.
A causa del enfrentamiento de ayer miércoles en la marcha de los jubilados, entre manifestantes y la policía, fueron detenidas cerca 120 personas, que hoy ya fueron liberadas, aunque primero quedaron imputadas por diversos delitos.
Tras ser liberados, se les notificó por tandas de la iniciación de la causa en su contra y la citación para declarar ante la Unidad de Flagrancia Este.
La decisión de liberar a los detenidos fue tomada por Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.
“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente», argumentó Andrade en la resolución.
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La jueza, en ese sentido, continuó: “Considero que, sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso de la Nación”.
Santiago Almeida, de la Unidad de Flagrancia Este, es el fiscal interviniente.
Luego de conocerse la decisión de Andrade, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó que la Justicia haya liberado a la mayoría de las personas que fueron detenidas ayer. “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, manifestó.
