El informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) revela que el Chaco registró 686 víctimas de delitos contra la integridad sexual el año pasado, un 8,3% más que en 2024. Mientras el país baja sus cifras, la provincia sube en casi todas las categorías. Los ciberdelitos sexuales contra menores treparon un 47%.
El Ministerio de Seguridad Nacional publicó esta semana su informe anual sobre criminalidad en la Argentina, elaborado en base a los datos aportados por todas las fuerzas policiales del país. El documento, que cubre el período completo de 2025, muestra que a nivel nacional los delitos contra la integridad sexual tuvieron una leve baja del 2%: se pasó de 37.113 víctimas en 2024 a 36.432 el año pasado. Chaco hizo exactamente lo contrario: subió de 630 a 686 víctimas, lo que equivale a un incremento del 8,3% en términos absolutos.
Detrás de ese número total hay una realidad más dura. El rubro que más preocupa es el de las violaciones —técnicamente denominadas “abusos sexuales con acceso carnal”—, que en la provincia saltaron de 131 a 154 casos, un alza del 16,9%. La tasa provincial se ubica en 12,8 víctimas por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 13,8, pero en una tendencia ascendente que contrasta con la caída del 0,7% registrada en el total del país.
El informe también consigna que en 2025 el 68,4% de las víctimas de delitos contra la integridad sexual en todo el país son de sexo femenino —cifra que sube al 86% si se excluyen los casos en los que el sexo no fue registrado—, lo que confirma la dimensión de género de esta problemática. El 20,2% de los casos figura como “sexo no consta”, un porcentaje que creció respecto a 2024 y que el documento reconoce como una limitación para el análisis.
La alarma de los ciberdelitos
Una de las tendencias más llamativas del informe es el crecimiento de los ciberdelitos sexuales vinculados a menores. En el Chaco, según pudo relevar LITIGIO, esta categoría pasó de 23 a 34 víctimas registradas, un aumento del 47% en un solo año. A nivel nacional, el salto fue aún más pronunciado: de 848 a 1.476 casos (+74%), revertiendo la caída que se había registrado entre 2023 y 2024.
Esta categoría incluye delitos como el cibergrooming —el acoso sexual de adultos a niños a través de plataformas digitales—, la distribución de material de abuso sexual infantil y otras figuras tipificadas en leyes especiales. El incremento, según señala el propio documento, refleja tanto el avance real de estos delitos como una mayor capacidad de registro por parte de las fuerzas de seguridad.
El contexto nacional y la posición del Chaco
Para dimensionar la situación chaqueña, vale comparar con el resto del país. Con una tasa de 56,8 víctimas por cada 100.000 habitantes en el total de delitos contra la integridad sexual, el Chaco está por debajo del promedio nacional (78,5) y de provincias como Mendoza (159,1), Jujuy (152,2), Salta (106,3) o Misiones (100,5). Sin embargo, la diferencia está en la tendencia: mientras la mayoría de las provincias más pobladas muestran descensos, el Chaco suma víctimas año tras año en esta categoría.
En violaciones específicamente, la tasa chaqueña de 12,8 es más alta que la de provincias como Córdoba (4,3), Entre Ríos (6,1) o Corrientes (10,3), aunque menor que la de Misiones (41,5), Chubut (35,7) o Mendoza (23,0). Lo que distingue al Chaco en este rubro es que su número creció un 16,9%, uno de los mayores incrementos del país junto a Santiago del Estero (+57,4%) y La Pampa (+87,5%).
Sobre los datos: qué mide el SNIC y qué no
El SNIC consolida las denuncias recibidas por fuerzas policiales provinciales y federales. El propio informe advierte que las cifras reflejan hechos denunciados, no la totalidad de los delitos cometidos. En materia de violencia sexual, la brecha entre lo denunciado y lo ocurrido suele ser muy amplia: organismos internacionales estiman que sólo una fracción de estos delitos llega efectivamente a la policía.
Dicho esto, un incremento sostenido en las denuncias puede interpretarse de dos maneras: como un aumento real de los hechos, o como una mayor predisposición de las víctimas a denunciar —lo que en cierto modo también refleja el trabajo de los organismos de asistencia. Determinar qué pesa más requeriría un análisis que va más allá de los datos del SNIC.
