A un año de que el Gobierno Nacional anunciara cambios profundos en el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la implementación efectiva de la medida se encuentra estancada.
Pese a que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sugirió recientemente que los conflictos estaban encaminados, la realidad administrativa y judicial muestra un panorama más complejo.
El freno judicial
La razón inmediata de la demora es la judicialización de un amparo interpuesto para impedir las modificaciones en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) contempladas en la nueva Ley Nacional de Tránsito. Actualmente, rige una medida cautelar que paraliza los cambios y, según proyecciones actuales, podría destrabarse recién en la primera semana de abril, explicó el portal Infobae en un informe.
Una vez que la Justicia levante este “freno”, el Gobierno deberá esperar al menos 30 días adicionales antes de que las reformas entren en vigencia.
Falta de reglamentación técnica
Otro factor determinante es la ausencia de una reglamentación clara para los nuevos actores del sistema. Aún no se han especificado los requisitos que deberán cumplir los talleres particulares y concesionarias oficiales que deseen brindar el servicio. Entre los detalles pendientes figuran las características edilicias de los establecimientos, el equipamiento técnico necesario y la capacitación obligatoria para los operadores y certificadores.
Incluso si se supera la instancia judicial, el nuevo sistema enfrenta un obstáculo político: la adhesión provincial. El sistema propuesto busca desregular tarifas y habilitar nuevos puntos de control, pero cada jurisdicción debe aceptar implementarlo.
En este sentido, la provincia de Buenos Aires ya comunicó oficialmente que no adherirá al nuevo esquema, lo que significa que sus usuarios no podrán acceder a la competencia de precios ni a la comodidad de realizar el trámite en concesionarias oficiales.
Autos eléctricos e híbridos
La demora también afecta la modernización tecnológica del parque automotor. La reglamentación pendiente debe incluir protocolos específicos para autos híbridos y eléctricos, que requieren controles distintos debido al mayor peso que sus baterías ejercen sobre las suspensiones y a la complejidad de sus sistemas eléctricos.
Finalmente, el ambicioso plan de digitalización por patente, que busca reemplazar las actuales obleas por un registro único nacional vinculado al dominio del vehículo, quedó postergado. El Gobierno todavía debe demostrar si ha logrado avanzar en el desarrollo de esta base de datos única durante este año de parálisis o si el proyecto deberá empezar desde cero una vez que se logre la implementación efectiva.
Fuente: Infobae
