La XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, reunió a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana. Sin embargo, la fotografía institucional estuvo lejos de reflejar una participación presidencial amplia: únicamente diez países estuvieron representados por sus jefes de Estado o de Gobierno. Las ausencias, las diferencias ideológicas y los debates sobre soberanía, relaciones internacionales y cooperación dejaron al descubierto las contradicciones que atraviesan actualmente América Latina y sus vínculos con Europa.
35 años después de la primera Cumbre de Guadalajara, el espacio iberoamericano continúa buscando su lugar en un escenario internacional profundamente transformado. La cuestión ya no consiste solamente en mantener un foro de diálogo entre países que comparten vínculos históricos, culturales y lingüísticos, sino en determinar qué capacidad tienen para defender intereses comunes en un mundo marcado por la competencia entre grandes potencias, la disputa por los recursos estratégicos y la reorganización del poder económico internacional.
Una cumbre con representación completa, pero políticamente fragmentada
Los 22 países estuvieron presentes, aunque solo diez enviaron a sus presidentes o jefes de Gobierno: España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra. Colombia, Ecuador y El Salvador estuvieron representados por sus vicepresidentes, mientras que los otros nueve países participaron mediante sus ministros de Exteriores.
Entre las ausencias presidenciales destacaron Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Delcy Rodríguez (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua). También faltaron otros mandatarios, como Nayib Bukele (El Salvador), José Raúl Mulino (Panamá), Yamandú Orsi (Uruguay), Keiko Fujimori (Perú) y Santiago Peña (Paraguay).
La representación diplomática permitió que todos los países participaran en las deliberaciones, pero la ausencia de varios de los principales dirigentes latinoamericanos tuvo consecuencias políticas. En contraste, estuvieron presentes Javier Milei y José Antonio Kast, representantes de dos gobiernos situados en posiciones ideológicas muy alejadas de los proyectos progresistas latinoamericanos.
Durante la sesión plenaria, Milei volvió a cargar contra el socialismo y lo equiparó con el fascismo, mientras Pedro Sánchez defendió el diálogo, la cooperación y el respeto entre posiciones diferentes. El encuentro evidenció así una región donde conviven proyectos políticos enfrentados, gobiernos que buscan estrechar su relación con Washington y otros que reivindican mayores márgenes de autonomía internacional.
No estamos ante una división sencilla entre dos bloques homogéneos. Las diferencias responden también a intereses económicos, estrategias diplomáticas, prioridades nacionales y distintas concepciones sobre el papel del Estado y la integración regional.
Soberanía, bloqueo y posiciones enfrentadas
Las intervenciones de los ministros de Exteriores permitieron conocer algunas de las posiciones que no siempre ocupan el centro de las declaraciones conjuntas.
Brasil, representado por Mauro Vieira, quien defendió el multilateralismo y rechazó que América Latina sea considerada un espacio subordinado a los intereses de Washington. Recuperó una expresión utilizada por Lula ante Naciones Unidas: «Brasil no cabe en el patio trasero de nadie». También condenó las medidas estadounidenses contra Cuba y defendió una relación internacional basada en la igualdad entre Estados.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el endurecimiento del bloqueo estadounidense y las restricciones energéticas que afectan a la isla, calificándolas de castigo colectivo. Reclamó el respeto a la soberanía cubana y rechazó las presiones e injerencias externas.
Por México intervino Roberto Velasco Álvarez, quien defendió el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la cooperación sin subordinación. Su intervención vinculó la política exterior con una concepción del desarrollo que sitúa el bienestar de la población y la reducción de las desigualdades entre sus prioridades.
Nicaragua estuvo representada por el cocanciller Valdrack Jaentschke, quien transmitió los saludos de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su intervención insistió en la igualdad soberana, la no intervención, el respeto mutuo y el derecho de cada pueblo a decidir sus propios modelos políticos y de desarrollo. También defendió el reconocimiento de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y reclamó el levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo contra Cuba.
Las intervenciones de Brasil, Cuba, México, Nicaragua y Uruguay coincidieron expresamente en condenar el bloqueo estadounidense contra Cuba. Fue uno de los puntos en los que se manifestó una posición compartida frente a las políticas coercitivas de EEUU.
Estas intervenciones tienen especial importancia porque muestran que, pese a las diferencias internas, continúan existiendo gobiernos que reivindican la soberanía nacional, el multilateralismo y la necesidad de limitar la capacidad de las grandes potencias para imponer decisiones a otros Estados.
La declaración final: acuerdos y límites del consenso
La Declaración de Madrid fue finalmente adoptada por los 22 países, dos años después de que la cumbre de Cuenca concluyera sin una declaración política conjunta. Sin embargo, el consenso alcanzado no eliminó las diferencias.
Uno de los puntos más significativos aparece en el apartado cuarto, donde se rechaza la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para atender sus necesidades y prioridades de desarrollo. Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se desvincularon expresamente de ese apartado.
La contradicción resulta relevante: los países suscribieron una declaración común, pero cuatro de ellos no aceptaron formar parte del consenso sobre el rechazo a las medidas coercitivas. La distancia entre los principios proclamados y las posiciones concretas de algunos gobiernos quedó reflejada en el propio documento.
La cumbre también alcanzó acuerdos en ámbitos de cooperación. Entre ellos destacan la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, y una nueva Estrategia de Cooperación Iberoamericana para el periodo 2027-2030. Argentina y Paraguay expresaron, además, su desvinculación de determinados instrumentos, entre ellos la alianza sobre inteligencia artificial; Argentina también se apartó de las cartas de movilidad académica y cuidados.
Son iniciativas que pueden aportar resultados en educación, protección social, prevención de catástrofes y desarrollo tecnológico. Especial atención merece la cooperación en inteligencia artificial: desarrollar capacidades propias, modelos adaptados a las lenguas de la región y acceso compartido a infraestructuras de computación puede contribuir a reducir la dependencia tecnológica de los grandes centros de poder.
Pero los acuerdos institucionales necesitan recursos, voluntad política y mecanismos de aplicación. Su importancia no se medirá por el número de documentos aprobados, sino por su capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas de los países.
Europa y América Latina: una relación que necesita superar sus asimetrías
La Comunidad Iberoamericana nació en Guadalajara en 1991, en un contexto internacional muy distinto al actual. Desde entonces, las relaciones entre ambas orillas del Atlántico han experimentado transformaciones profundas. América Latina ha ampliado sus vínculos comerciales y diplomáticos con China, Rusia y otros actores internacionales, mientras Europa intenta mantener su influencia económica y política en una región de enorme importancia estratégica.
España reivindica su papel de puente entre América Latina y la Unión Europea. Sin embargo, esa relación no puede sostenerse únicamente sobre la historia compartida, los vínculos culturales o las declaraciones de cooperación. Debe abordar las desigualdades económicas, las relaciones comerciales, la transferencia tecnológica y la capacidad de los países latinoamericanos para decidir sobre sus propios recursos.
El análisis del profesor Pedro Dallari, de la Universidad de São Paulo, aporta una explicación sobre la distancia de Brasil respecto a este foro: la diplomacia brasileña considera prioritarios otros espacios de integración. Para sus relaciones latinoamericanas concede mayor relevancia al Mercosur y a la CELAC, mientras que para su interlocución con Europa utiliza directamente los canales de la Unión Europea.
Esta observación ayuda a comprender una cuestión de fondo: la Comunidad Iberoamericana no ocupa necesariamente el mismo lugar en las estrategias exteriores de todos sus integrantes. Para algunos constituye un espacio relevante de concertación; para otros, una plataforma complementaria frente a mecanismos de integración que consideran más eficaces.
La relación entre Europa y América Latina tampoco puede desligarse de sus contradicciones económicas. Durante décadas, buena parte de las economías latinoamericanas ha mantenido una posición dependiente en la división internacional del trabajo, basada en la exportación de materias primas y la importación de productos industriales y tecnología. Esa estructura ha condicionado sus posibilidades de desarrollo y ha favorecido relaciones comerciales desiguales.
Recursos estratégicos, multipolaridad y lucha por el desarrollo
La importancia geopolítica de América Latina no se explica únicamente por su dimensión territorial o demográfica. La región concentra recursos fundamentales para la economía mundial: petróleo, gas, cobre, litio, tierras raras, agua, biodiversidad, capacidad agrícola y fuentes de energía renovable. Su control, explotación y transformación industrial forman parte de una disputa internacional cada vez más intensa.
Estados Unidos mantiene una larga tradición de intervención e influencia sobre el continente. China ha ampliado su presencia económica y comercial mediante inversiones, financiación, infraestructuras y acuerdos estratégicos. La Unión Europea también busca reforzar sus relaciones económicas y asegurar el acceso a materias primas necesarias para sus transiciones energética y digital.
En este escenario, el avance de los BRICS y el fortalecimiento de las relaciones Sur-Sur abren nuevas posibilidades para diversificar alianzas y reducir dependencias históricas. Brasil desempeña un papel especialmente relevante por su dimensión económica, su pertenencia a los BRICS y su capacidad de interlocución internacional. Su posición puede contribuir a reforzar la autonomía regional, aunque esa posibilidad depende de decisiones políticas concretas y de la voluntad de los demás gobiernos.
La cuestión decisiva es quién se beneficia de esa riqueza. La explotación de los recursos naturales puede generar ingresos y actividad económica, pero también reproducir desigualdades cuando sus beneficios se concentran en grandes empresas y grupos financieros, mientras las mayorías trabajadoras soportan los costes sociales y ambientales.
Por eso, la soberanía económica no puede limitarse a cambiar de socios comerciales. Exige capacidad para decidir sobre los recursos propios, desarrollar industrias nacionales, invertir en ciencia y tecnología, fortalecer los servicios públicos, crear empleo digno y distribuir de manera más justa la riqueza generada. Sin esas condiciones, la multipolaridad puede modificar las relaciones entre potencias sin transformar necesariamente las condiciones de vida de las mayorías sociales.
La integración latinoamericana y la cooperación con Europa deberían responder a esos objetivos. No basta con facilitar inversiones o ampliar el intercambio comercial: es necesario que los acuerdos contribuyan al desarrollo productivo, la soberanía alimentaria y energética, la educación, la sanidad, la protección social y los derechos laborales.
La integración debe servir a los pueblos
La cumbre de Madrid ha permitido recuperar el consenso institucional y aprobar nuevos instrumentos de cooperación. También ha mostrado las dificultades para construir una posición política común ante las grandes cuestiones internacionales. Las ausencias presidenciales, las diferencias sobre Cuba, las reservas frente al rechazo de las medidas coercitivas y los discursos enfrentados reflejan una América Latina que continúa buscando su lugar en el nuevo escenario mundial.
La Comunidad Iberoamericana tiene sentido si consigue superar la diplomacia de las declaraciones y convertirse en un espacio útil para sus pueblos. Eso requiere cooperación entre Estados, respeto a la soberanía, relaciones económicas menos desiguales y políticas capaces de responder a las necesidades de las mayorías sociales.
Desde sus orígenes en Guadalajara, la pregunta sigue vigente: ¿pueden los países iberoamericanos construir una relación basada en la igualdad y la cooperación, o continuarán condicionados por las prioridades de las grandes potencias y los intereses de los grupos económicos?
La respuesta no dependerá únicamente de las reuniones presidenciales. También estará determinada por las decisiones económicas, las luchas sociales y la capacidad de los pueblos para intervenir en el rumbo de sus países. Porque una integración que no mejore las condiciones materiales de vida de la población corre el riesgo de quedarse en un proyecto diplomático sin suficiente contenido social.
