Los fragmentos de la carta que sigue, escrita el 12 de junio de 1956, hace 70 años, fue para algunos un puñal en el alma herida de los argentinos que enfermaron de odio en aquel tiempo fratricida. Y para muchos otros representó una espada que se desenvainaba para curar heridas aún sangrantes y recuperar los días de la gloria arrebatada. La escribió el general Juan José Valle, entonces de 52 años, a su verdugo, camarada de armas y antiguo amigo, el presidente provisional de la República, Pedro Eugenio Aramburu, horas antes de ser ejecutado por orden suya. Entre otras acusaciones por la mutilación de libertades ciudadanas y derechos gremiales y políticos, el dictador debería asumir severos cuestionamientos éticos por la desproporción de las fuerzas empleadas para sofocar una rebelión que había nacido muerta.
Entre sus párrafos más impactantes, el texto de aquella carta, publicada por Felipe Pigna en “El Historiador”, en base a la fuente de Roberto Baschetti, en “Documentos de la Resistencia Peronista 1955-1970”, decía: “Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado… Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo … Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos … Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. Viva la patria”.
Juan Perón, derrocado, degradado y proscripto, atravesaba el día de la rebelión el primer tramo de su exilio, en la ciudad de Colón, Panamá, donde conocería a María Estela Martínez, quien integraba el cuerpo de baile de un cabaret de la ciudad.
El mensaje de Valle no fue, precisamente, un convite a la pacificación: pareció más la proclama indignada de un general íntegro en sus convicciones, alzado en armas en procura de reponer un gobierno constitucional doblegado por el golpe de Estado de septiembre de 1955, operación que terminaría con la ejecución de 18 militares y 13 civiles. La matanza pasaría a la historia como “los fusilamientos de 1956”, retratados, básicamente, en dos obras: en particular “Operación Masacre”, de Rodolfo Walsh (1957), previamente divulgada en notas seriadas por el semanario Mayoría y “Mártires y Verdugos”, de Salvador Ferla (1964).
Tanto Aramburu como Rojas (presidente y vice de facto en la dictadura de la Libertadora) asumían la representación de un sector de la sociedad, que repudiaba al gobierno peronista depuesto por su creciente autoritarismo y beligerancia política. Según esa mirada, eran características compatibles con una autocracia que asfixiaba a la sociedad, la oposición y la prensa de la época. Medio país, quizá más, pensaba lo contrario. Aun así, la sublevación de los generales Valle y Tanco, quienes no eran ni amigos ni cercanos a Perón, y del coronel Cogorno, sus principales cabezas militares, tuvo una falla de origen: el hombre por el cual habían arriesgado sus vidas, el ex presidente Perón, nunca apoyó el movimiento insurgente, ni antes ni después, salvo alguna extraviada manifestación de tibio respaldo al cumplirse el décimo aniversario del mismo. Sin embargo, la fallida asonada de Valle fundaría simbólicamente la Resistencia peronista, que hasta aquel trágico junio de 1956 había tenido manifestaciones informales y aisladas.
La escalada antiperonista de la Libertadora, en cuyo seno se recelaban nacionalistas y liberales, se había iniciado el 13 de noviembre con el desplazamiento del presidente Eduardo Lonardi, un nacionalista de raíces fuertemente católicas, quien había prometido mantener las conquistas gremiales y sociales logradas en los años del apogeo peronistas.
El general insurrecto y triunfante había adoptado la política de “no habrá ni vencedores ni vencidos”, frase de Urquiza cuando derrotó a Rosas en Caseros, en 1852, para obligarlo al exilio. Por eso mantenía un fluido diálogo con la CGT y aspiraba a un reordenamiento político “sin exclusiones”, lo que hizo suponer a los nacionalistas más exaltados cierta forma de indulgencia con Perón y su movimiento. En verdad, no era así. Lonardi tenía un límite y era Perón: lo quería fuera del sistema institucional.
La tensión entre los golpistas vencedores sería imposible de sostener, sobre todo cuando el almirante Rojas, nombrado vicepresidente de la Nación por el propio Lonardi, se transformaría de inmediato en el vocero de los grupos militares más hostiles y furiosos enemigos del peronismo. Su simbólico portazo fue un estruendo en el corazón del poder de la dictadura. Los argumentos de los marinos y de los generales liberales del Ejército (amplia mayoría) iban en una dirección contraria a la del presidente de facto de la Nación.
Los desacuerdos llegarían al punto de una tirantez sin retorno: en medio de un fuerte debate sobre la conveniencia de ejercer una mayor dureza con los funcionarios peronistas destituidos y encarcelados en septiembre de 1955, los tres ministros militares del gabinete le dejaron a Lonardi una hoja en blanco en el escritorio, quien escuchó una frase que tuvo el peso de una guillotina: “Tiene cinco minutos para redactar su renuncia”.
Aramburu sabía que había llegado su hora. Y que sería inflexible al ejercer el mando. La estrategia lonardista de conciliación había llegado al peor final. Lo derrocaban como antes él había derrocado a Perón. En ese entonces Aramburu creía que “no es el momento de actuar”. Si bien el cisma quiso presentarse en sociedad como un “recambio natural” en el gobierno, en la intimidad de las catacumbas del poder Lonardi manifestaría su disgusto: “Me voy, pero que quede claro que ustedes me están echando” le diría cara a cara a Aramburu, su sucesor.
Lo que siguió fue una cacería de peronistas, gremialistas, políticos, militantes y simples simpatizantes peronistas. Por el decreto 3032 del 16 de noviembre de 1955 se intervenía la CGT, que según los libertadores había “desnaturalizado su misión esencial” y se había “convertido en un apéndice político y partidista”. Vendría luego el decreto 3.855 del 24 de noviembre que dispuso disolver el Partido Peronista en sus ramas masculina y femenina, medida que se tomaba contra un partido que había estado “sujeto a la voluntad omnímoda del dictador” hasta el “extremo inadmisible de designarlo con el nombre de una persona.”
La persecución se volvería incesante. Entre noviembre y diciembre de 1955 patotas militares, sin apoyo de una disposición legal, secuestrarían el cadáver embalsamado de Eva Perón, que por su voluntad descansaba en la sede de la CGT, y pondrían en marcha un escabroso y siniestro peregrinaje de esos restos hasta que Aramburu, en un acuerdo secreto con el Vaticano y unos pocos militares de su confianza, dispuso el traslado a una tumba en el Cementerio Mayor de Milán, en Italia, con el nombre ficticio de María Maggi de Magistris.
El peronismo todo se unificaría detrás de una indignada condena a la decisión de Aramburu, pero otras versiones circulantes sostuvieron que en verdad el dictador, debido a su fe católica, quiso darle “cristiana sepultura”. No ignoraba el peso histórico y simbólico de ese cadáver en la vida nacional, pero al mismo tiempo habría querido protegerlo contra los funcionarios más exaltados, en particular de la Marina a cargo del almirante Rojas, quienes proponían quemar el cuerpo y hasta arrojarlo al mar: hubiesen sido actos de barbarie sin antecedentes hasta entonces. Tal era el espíritu revanchista que tensionaba la alianza militar en el poder.
Ese ánimo de vindicación se vería fielmente reflejado en el decreto 4161, firmado por Aramburu el 5 de marzo de 1956, publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo que proscribía al peronismo y prohibía nombrar a Juan Domingo Perón, a Eva Perón o utilizar sus símbolos partidarios, la Marcha Peronista y otras. La intención era borrar de la faz de la tierra y de la memoria colectiva de los argentinos a una mayoría política consagrada electoralmente. No estaban castigando a un hombre, estaban dando pie a un mito y una mitología. Toda esa escatología política de la Libertadora terminaría alentando la disidencia de generales nacionalistas, entre ellos Valle y Tanco, a lanzar un movimiento con la idea de llamar a elecciones libres en 180 días.
Crónicas de años posteriores a la insurrección vallista, algunas con discreción y otras en tono de acaloradas denuncias, señalarían cierto cinismo de los militares triunfantes y de sus justificadores históricos ante las ejecuciones de junio. En particular se recordaría el caso de mujer de Valle, Dora Cristina Prieto, quien en persona habría ido a pedirle clemencia a Aramburu la noche previa a la ejecución de su marido, preso en la Penitenciaría de la calle Las Heras, luego de haberse entregado para que cesara la ordalía desatada por los dictadores. La respuesta que recibió le heló la sangre y quedó como testimonio histórico de un tiempo cruel, en el cual la compasión era una ausencia perpetua: “El general descansa y no desea ser molestado”. Algunas fuentes citan como portadora del pedido de misericordia a la hija del general, Susana Valle. Algo poco probable: entonces tenía sólo 18 años.
Aramburu y Rojas estaban al corriente de la sublevación, alertados por los servicios de Inteligencia del Ejército y la Marina. Por eso la noche previa al pronunciamiento ordenarían la detención de numerosos gremialistas y activistas del peronismo, señalados como cuadros políticos que alborotaban fábricas y barriadas populares con la promesa “del retorno del General”. Algunas investigaciones posteriores deslizaron que hasta sabían el día y la hora del alzamiento. Fundaban sus argumentos en una alquimia administrativa de Aramburu, finalmente conocida: el 8 de junio, un día antes de la insurrección, debió viajar a Santa Fe para un acto protocolar y por eso mismo dejaría firmados varios decretos con la finalidad de darle operatividad a la violenta represión planeada.
Se trataba de los decretos 10.362 (que imponía en todo el país la Ley Marcial),10.363 (que restablecía la pena de muerte, prohibida por la Constitución Nacional de entonces en su artículo 18, “abolida para siempre por causas políticas”, según la reforma de 1994), y el 10.364 (con listas de personas a fusilar). Los decretos, todos correlativos, fueron publicados en el Boletín Oficial con posterioridad a las ejecuciones, circunstancia que sería observada por expertos, analistas y comentaristas legislativos, quienes advertirían sobre su aplicación retroactiva y por tanto ilegal. En la investigación sobre aquellos días de horror, Rodolfo Walsh diría: “No habrá ya malabarismos capaces de borrar la terrible evidencia de que el gobierno de la revolución libertadora aplicó retroactivamente, a hombres detenidos el 9 de junio, una ley marial promulgada el 10 de junio. Y eso no es fusilamiento. Es un asesinato.” Este párrafo es de “Operación Masacre”, la investigación surgida del olfato periodístico de Walsh, quien escuchó en un café, donde algunos murmullos y rumores a veces se vuelven verdades históricas, acerca de la existencia de “un fusilado que vive”. Era Juan Carlos Livraga, quien se transformaría así en la punta del ovillo, el mojón cero del libro de Walsh sobre aquella mascarada criminal.
Fue de tal la virulencia del gobierno golpista que quiso evitar un golpe en su contra, que todo terminaría en un serio incidente diplomático. El general Tanco se asiló el 14 de junio en la embajada de Haití en Buenos Aires, pero aun así el jefe del espionaje de Aramburu, general Juan Constantino Quaranta, invadió esa porción de suelo haitiano con un grupo de comandos civiles armados, quienes se llevaron presos a Tanco y otros asilados al cuartel del ejército de Palermo. El embajador de Haití, Jean Brierre, logró que los restituyeran a la embajada. Y así pudieron dejar el país.
El baño de sangre había terminado, con un balance doloroso: 18 militares y 13 civiles ejecutados entre el 10 y el 12 de junio, éstos últimos en los arrabales de Lanús y Florida y en los basurales de José León Suárez, en el conurbano profundo. Setenta y dos horas trágicas para el país. Perón tomaría inmediata distancia política. En el primer tomo de la Correspondencia Perón-Cooke (Granica Editor, 1972), en la primera carta de una extensa serie entre ambos, fechada el 12 de junio de 1956, el mismo día de la ejecución de Valle, Perón le escribe a Cooke: “El golpe militar frustrado es una consecuencia lógica de la falta de prudencia que caracteriza a los militares … Esos mismos militares que hoy se sienten azotados por la injusticia y la arbitrariedad de la canalla dictatorial, no tenían la misma decisión el día 16 de septiembre cuando los vi titubear ante toda orden y toda medida de represión a sus camaradas que hoy los pasan por las armas.”
La explicación hay que buscarla en los dramáticos días de la caída de Perón, nueve meses antes de los fusilamientos, cuando el presidente de entonces dejó su suerte librada a una Junta Militar de 17 generales, quizá con la esperanza de que ellos resolverían a su favor una disputa en la cual las fuerzas del Ejército favorecían al gobierno peronista en desmedro de los entonces sublevados al mando del general Lonardi. No lo hicieron. En cambio, interpretaron que un escrito de Perón era, en verdad, una renuncia a la Presidencia y la delegación del poder en esa Junta. Uno de esos 17 generales era Juan José Valle.
