La aprobación del contrato marca un paso clave en el proceso de transferencia de la empresa estatal a manos privadas, con foco en inversiones, tarifas y continuidad del servicio en el AMBA.
En una nueva etapa del proceso de reconfiguración del sistema de servicios públicos, el Gobierno nacional dio luz verde al modelo contractual que regirá la futura concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
La medida se inscribe dentro del marco legal establecido por la Ley Bases, que incluyó a la empresa entre las compañías habilitadas para su privatización. A su vez, el Decreto 494/2025 ya había autorizado la venta del paquete accionario, allanando el camino para la participación de capitales privados en la gestión del servicio.
El esquema diseñado contempla la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, seleccionado a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional. El porcentaje restante podría ser colocado en los mercados financieros locales, como parte de una estrategia para diversificar la composición accionaria y atraer inversiones.
Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo contrato no implica un cambio en la modalidad de concesión vigente, aunque sí introduce modificaciones estructurales orientadas a mejorar la previsibilidad y la claridad normativa. En ese sentido, se establecen de manera detallada las responsabilidades tanto del Estado como del futuro concesionario.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la obligación de cumplir con el Plan de Acción de Transición 2024-2026, que fija objetivos operativos y de infraestructura. Estas metas serán la base del primer ciclo tarifario, previsto para el período 2027-2031, lo que permitirá vincular la evolución de tarifas con compromisos concretos de inversión.
El Gobierno remarcó que el proceso deberá garantizar la continuidad del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que abarca la Ciudad y 26 municipios del conurbano. Además, subrayó que la licitación se llevará adelante bajo criterios de transparencia y competencia, con el objetivo de maximizar la participación de oferentes.
En el plano económico, la iniciativa busca atraer capital privado en un contexto de restricciones fiscales, trasladando parte de las necesidades de financiamiento hacia el sector inversor. Analistas del sector destacan que el éxito del proceso dependerá en gran medida del esquema tarifario que se defina y de las exigencias de inversión que imponga el contrato.
Con el modelo ya aprobado, el próximo paso será avanzar en la convocatoria a licitación, instancia clave para definir quién quedará a cargo de uno de los servicios públicos más sensibles del país.
