El oficialismo busca dar una vuelta de página después del traspié que sufrió la semana pasada en el Senado con la caída de la reforma de la Ley de Tierras y avanzó este martes con el tratamiento en comisión del proyecto de reforma de la Ley de Sociedades, que también lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Si bien aún no tiene fecha para que se emita despacho de comisión para que sea tratado en el recinto, la propuesta se mantiene en agenda y la libertaria Nadia Márquez, quien preside de la comisión de Legislación General, anticipó la propuesta enviada por el Gobierno tendrá modificaciones durante las próximas reuniones.
Más allá del debate de la propuesta, la reunión informativa tuvo un fuerte contrapunto entre la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, y el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y militante ultra K, Ricardo Nissen.
Puntualmente, la senadora le reprochó a Nissen su política contra las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), impulsadas durante la gestión de Mauricio Macri para permitir la apertura exprés de empresas.
«Me preocupa la idea tan prescriptiva de volver a la ley 19.550 (Ley General de Sociedades en Argentina), lo hizo siendo presidente del IGJ cuando destruyó la posibilidad que tenían los jóvenes de armar sociedades simplificadas», disparó Bullrich.
En su exposición, Nissen no sólo cargó contra las sociedades simplificadas sino que cuestionó la reforma impulsada por el ministro de Desregulación. “Hay que cambiar la ley 19.500, no lo dudo. Pero esto no, porque es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes, y los trabajadores nunca disfruten nada”, sostuvo el ex funcionario.
En esa instancia, Bullrich recordó que la Cámara Federal procesó a Nissen por el delito de abuso de autoridad, en una causa que investiga su accionar contra la sociedad Hidden Lake, vinculada al empresario británico Joe Lewis, propietario de tierras en la zona de Lago Escondido, en Río Negro.
La investigación está centrada en las decisiones adoptadas por Nissen entre 2022 y 2023, en la gestión de Alberto Fernández, cuando desde la IGJ impulsó acciones para declarar la nulidad de la firma Hidden Lake S.A al sostener que funcionaba como una «pantalla jurídica» del patrimonio de Lewis y sin actividad comercial real. «El acusador terminó acusado», remató Bullrich mientras el ex funcionario intentaba defenderse cuando se retiraba de la reunión.
Nissen no fue el único que cargó contra el proyecto sino también la fiscal K Gabriela Boquín, quien trascendió en su momento cuando tuvo un contrapunto con el procurador Eduardo Casal, por su intervención en la causa del Correo Argentino. A la fiscal se le llegó a abrir un sumario administrativo por maltrato de personal que se terminó cerrando.
Para Boquín, el proyecto impulsado por el Gobierno tiene normas que «son incongruentes con los principios que sustenta, es contradictorio». «Si utilizamos el proyecto tal cual está analizado, hubiéramos perdido el caso YPF», señaló. En este sentido cuestionó que la propuesta no habla de conducta fraudulenta sino de mal desempeño del administrador, permitiéndole que «transe» con el socio que le está reclamando.
Márquez, una senadora alineada con Karina Milei, decidió avanzar con el proyecto que deroga la Ley de Sociedades vigente desde 1972 y la reemplaza por un régimen con menos controles para organizar empresas, pese a las críticas que recibió Sturzenegger por el desgaste de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Con esta reforma de las sociedades no sólo se eliminan algunas figuras legales sino que además se incorporan las llamadas “Sociedades Automatizadas” y las “Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por sus siglas en inglés)”. Las primeras operan de forma autónoma con algoritmos o IA, sin empleados, con personalidad jurídica y responsabilidad limitada mientras que las DAO se constituyen con contratos inteligentes y registradas en blockchain, que es una tecnología diseñada para administrar un registro de datos online.
Durante la reunión de este martes, la segunda informativa desde que se inició el tratamiento en comisión, la iniciativa fue defendida por Sebastián Balbín, titular de Derecho Societario de la Universidad Austral, quien resaltó que propone «un derecho mejor».
«El proyecto deja de poner el acento en controles formales», indicó, sino que se sustenta «en la buena fe, la transparencia, la responsabilidad de los administradores, la protección y la seguridad del tráfico jurídico son la garantía».
Gabriela Calcaterra, profesora en Derecho de las Personas, resaltó que la propuesta plantea «una norma que da seguridad jurídica a los administradores». «Los contratos de sociedad no suelen estar elaborados. Ahí es donde este proyecto aporta con normas supletorias que hoy no tenemos, que solucionan problemas que los socios tienen dentro de la sociedad y que hoy son fuente de conflictos», completó.
Sebastián Heredia Querro, especialista en blockchain, también defendió la iniciativa del oficialismo al apuntar que las pymes argentinas «compiten en un mercado global con leyes de otra época». «Este anteproyecto fue elaborado por una comisión federal que conoce el interior del país y creo nos va a dar la infraestructura jurídica que la producción argentina necesita para el siglo XXI», destacó.
