El destituido Karim Khan.
La Corte Penal Internacional (CPI) anunció la remoción de su fiscal general, Karim Khan, luego de que una funcionaria del tribunal presentara una denuncia formal por agresión sexual, lo que derivó en una investigación interna y su posterior destitución.
La CPI, como se sabe, se rige por el Estatuto de Roma y tiene como misión juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Uno de los casos más resonantes fue la acusación contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz del genocidio palestino en Gaza, al igual que los principales líderes de Hamas.
Según la información del propio organismo con sede en La Haya (Países Bajos), el caso derivó en la intervención del Comité de Ética y en una decisión urgente de la Asamblea de Estados Parte, órgano legislativo del tribunal y responsable de supervisar la conducta de los altos funcionarios.
De acuerdo a la denuncia, el episodio ocurrió en un contexto laboral dentro de la CPI y fue elevada a las autoridades internas del tribunal, que consideraron que existían elementos suficientes para activar un procedimiento disciplinario contra el abogado británico.
Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
La gravedad del caso llevó a los Estados parte a optar por la remoción inmediata en lugar de una suspensión temporal, para evitar que el fiscal continuara en funciones mientras avanzaba la investigación.
Medios internacionales señalaron que la decisión fue precedida por consultas diplomáticas entre varias cancillerías preocupadas por el impacto institucional del escándalo que, de alguna manera, daña la credibilidad de la Corte en momentos en que tramita causas de altísimo perfil global, como las órdenes de arresto contra dirigentes de Rusia o el mencionado premier israelí, además de expedientes abiertos sobre Venezuela, Colombia y Ucrania, entre otros países.
Khan fue elegido en 2021 para un mandato de nueve años, había impulsado investigaciones de fuerte impacto político, entre ellas las relacionadas con Ucrania y Palestina. Su salida obliga ahora a activar un mecanismo de sucesión extraordinario, que podría incluir la designación de un fiscal interino mientras la Asamblea de Estados Parte inicia un proceso acelerado para cubrir la vacante.
