Diario HOY | Sancionan ley que amplía programa oncológico e incluye el cáncer de pene

La iniciativa fue presentada por los diputados Carlos López (PLRA-Cordillera) y Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), con el objetivo de extender el alcance del programa vigente a otras patologías que afectan a la población masculina.

El proyecto plantea una actualización integral de la Ley 6280/2019, considerada en su momento un avance en el acceso a la salud pública, pero que —según sus impulsores— requería una mirada más inclusiva frente a enfermedades menos frecuentes, pero de alto impacto.

Con las modificaciones, se redefine el objetivo de la normativa, apuntando a reducir la morbimortalidad no solo del cáncer de próstata y colon, sino también del cáncer de pene, mediante la detección temprana, el tratamiento oportuno y el abordaje de lesiones premalignas.

Uno de los ejes principales es la creación de un programa ampliado que contemple la prevención, asistencia integral e investigación de estos tipos de cáncer.

Asimismo, se establece la obligatoriedad para todas las instituciones públicas de salud —incluyendo dependencias del Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Previsión Social, hospitales universitarios y servicios sanitarios de fuerzas públicas— de garantizar estudios de detección precoz de forma progresiva y gratuita.

En el ámbito educativo, la normativa dispone que el Ministerio de Educación incorpore en la malla curricular contenidos relacionados con la prevención, detección y tratamiento de estos cánceres, con el fin de fortalecer la conciencia sanitaria desde edades tempranas.

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, se prevé la creación y unificación de registros de pacientes diagnosticados, que deberán ser reportados al Ministerio de Salud para su seguimiento y análisis. Además, se contempla la firma de convenios con organismos científicos, tanto nacionales como internacionales, para impulsar la investigación y mejorar las estrategias de tratamiento.

Desde mediados del año pasado inició el proceso de socialización del anteproyecto del nuevo “Código de Defensa del Consumidor”, iniciativa que tiene como finalidad implementar una serie de actualizaciones a la normativa vigente.

Este nuevo código representa una reforma estructural diseñada para actualizar la Ley N.º 1334/98 “De Defensa del Consumidor y el Usuario”, considerando los desafíos actuales en este ámbito y la necesidad de abordar el dinamismo del consumo actual, especialmente en entornos digitales.

El proyecto se fundamenta en tres pilares metodológicos principales, que son:

*Sistematización normativa: busca unificar en un solo cuerpo legal de más de 200 artículos el entramado de leyes, decretos y resoluciones que hoy están dispersos, como la Ley N.º 1334/98 y la Ley N.º 4974/13.

*Modernización tecnológica y económica: incorpora reglas específicas para el mercado digital, la economía de plataformas, el uso de inteligencia artificial y el tratamiento de datos personales en las relaciones de consumo.

*Fortalecimiento institucional: redefine la institucionalidad creando la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor (SENADECO) como un ente autárquico y descentralizado, y potencia el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor (SNIPC) para descentralizar la atención a través de los municipios.

El aspecto digital es uno de los puntos clave en este nuevo Código de Defensa del Consumidor, ya que reconoce que el consumo ha migrado a plataformas globales y herramientas automatizadas. A razón de ello, contempla la neutralidad tecnológica, la transparencia digital y la intervención humana obligatoria en sistemas de inteligencia artificial.

A la par, se definen con precisión los derechos fundamentales de los ciudadanos, las obligaciones de transparencia de los proveedores y un régimen especial para consumidores en situación de vulnerabilidad. En este último ítem, se propone una protección intensificada y atención prioritaria para colectivos que presentan factores de desventaja por edad (adultos mayores), discapacidad, pertenencia a pueblos originarios o condiciones de salud graves.

De igual modo, se introducen principios como la protección reforzada, la no discriminación, el consumo sustentable y la prevención de riesgos en entornos digitales. El proyecto también unifica procedimientos administrativos y judiciales, promoviendo soluciones ágiles como la conciliación, el arbitraje y las acciones colectivas.

Uno de los capítulos más innovadores es el del crédito responsable, que establece el principio de “préstamo responsable”, obligando a los proveedores a indagar sobre la capacidad real de pago del consumidor y a advertirle sobre los riesgos antes de otorgar el crédito. También reconoce el derecho al pago anticipado con la consiguiente reducción proporcional de intereses.

Otro aspecto contemplado en este nuevo código es el consumo sustentable, promoviendo el diseño de productos duraderos, reparables y reciclables. En ese sentido, el proyecto busca combatir la obsolescencia programada y exige que las afirmaciones ambientales de los proveedores sean precisas y comprobables.

Asimismo, actualiza el régimen de los usuarios de servicios esenciales, garantizando parámetros de continuidad y calidad, además de fijar estándares mínimos para los servicios técnicos y postventa, obligando a los proveedores a asegurar el suministro de repuestos durante un período razonable tras el vencimiento de la garantía.

La ciudadanía tiene la posibilidad de acceder al documento del anteproyecto del Código de Defensa del Consumidor, así como también de plantear sugerencias y recomendaciones en este enlace antes de la redacción del texto final. El plazo fue extendido hasta el próximo 18 de mayo.

El caso guarda relación con el crimen de Abel Antonio Duarte Núñez, de 21 años, ocurrido en la madrugada del domingo 26 de abril en la zona del barrio Mbocayaty de Ñemby, en el límite con San Antonio.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima se encontraba sobre la calle Tres Fronteras casi 29 de Setiembre, en el barrio San Francisco, cuando alrededor de las 05:00 llegaron los atacantes frente a una pizzería de la zona.

La mujer imputada, quien era pareja del fallecido, declaró que tres motocicletas con dos ocupantes cada una arribaron al sitio, ocasión en que fue agredida físicamente y su pareja recibió disparos de arma de fuego.

No obstante, otros testigos sostienen que el ataque fue perpetrado por dos hombres a bordo de una sola motocicleta. Según sus versiones, los agresores preguntaron a la víctima si era Abel Duarte y, tras su respuesta afirmativa, le dispararon a quemarropa.

El joven fue auxiliado y trasladado en una patrullera hasta el Hospital de Ñemby, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Esta mañana partió desde la Primera Brigada Aérea de Luque un contingente de ayuda humanitaria destinado a Río Verde y General Bruguez, ambas en el departamento de Presidente Hayes.

Estas localidades se encuentran aisladas desde hace varios días, a raíz de las intensas precipitaciones que provocaron inundaciones y, a su vez, dejaron diversos caminos de tierra intransitables.

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Para la zona de Gral. Bruguez, se prevé ofrecer asistencia a unas 110 familias, mientras que en Río Verde se distribuirá la ayuda humanitaria a 614 familias, según confirmó a los medios el ministro de Defensa, Óscar González.

Dos helicópteros UH-1H de la Fuerza Aérea Paraguaya fueron asignados para el traslado y distribución de los alimentos y medicamentos a ser proveídos a la población local, así como también para movilizar a los equipos médicos que ofrecerán asistencia sanitaria.

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La tarea es coordinada por el Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Otras comunidades chaqueñas donde también se gestiona el envío de la asistencia son Puerto Pinasco, Carmelo Peralta, Puerto Casado y Fuerte Olimpo.