Los docentes de las universidades públicas iniciaron una jornada de paro de 72 horas en reclamo por una recomposición salarial y por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La medida, que se extenderá hasta el viernes, se desarrolla en el marco de una nueva jornada de protesta del sector universitario y como antesala de una nueva marcha federal en defensa de la educación pública.
En diálogo con NORTE TV, la secretaria general de Adiunne, Marina Stein, recordó que el próximo 2 de octubre se cumplirá un año de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso nacional y posteriormente suspendida por el gobierno mediante un decreto.
«Este 2 de octubre se cumple un año de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley 27.795, aprobada por mayoría calificada en el Congreso de la Nación», señaló Stein.
La dirigente explicó que, tras la decisión del gobierno nacional de no aplicar la norma, los rectores de las universidades públicas acudieron a la Justicia. En ese marco, indicó que el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar para que se cumplan los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados principalmente con los salarios de los trabajadores universitarios y las becas estudiantiles.
«El 21 de septiembre el juez Cormick intima nuevamente por segunda vez al gobierno nacional para aplicar inmediatamente esa medida cautelar», sostuvo Stein, quien remarcó que el plazo de cinco días establecido por la Justicia motivó el inicio de la nueva medida de fuerza.
La pérdida salarial
Uno de los principales reclamos de los docentes está relacionado con la evolución de los salarios frente a la inflación. Según explicó Stein, la aplicación de la ley implicaría actualizar los haberes de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
«Nosotros ya tenemos una pérdida de poder adquisitivo. Fue calculada a mayo de este año en un 55% y después de la cuarta marcha federal conquistamos un aumento de 21,33%», explicó.
La secretaria general de Adiunne agregó que, pese a ese incremento, los trabajadores no percibieron aumentos durante julio y agosto y que recientemente el Gobierno aplicó de manera unilateral una suba de 3%.
«Al día de hoy todavía tenemos una pérdida de 33,4% de nuestro poder adquisitivo, tanto trabajadores docentes como trabajadores no docentes», afirmó.
La situación también alcanza a quienes se incorporan a la actividad universitaria. Stein explicó que el salario depende de la categoría y dedicación, pero señaló que un auxiliar de primera con la menor dedicación, de diez horas semanales, percibe actualmente un salario bruto inferior a los 300.000 pesos.
Como referencia, mencionó el caso de un auxiliar de primera con dedicación semiexclusiva, cuya remuneración básica ronda los 600.000 pesos.
Reclamo por becas y presupuesto
Stein también hizo referencia a la situación de los estudiantes y reclamó una actualización de las becas, especialmente las Progresar, tanto en cantidad como en monto.
«Las becas Progresar son las que están solicitando los estudiantes, que se aumenten en cantidad y monto», sostuvo.
Otro de los puntos planteados por Adiunne es el presupuesto destinado a las universidades nacionales. Según explicó la dirigente, el proyecto presentado por el gobierno nacional contempla unos 7 billones de pesos, mientras que los rectores estimaron que serían necesarios 11 billones para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones.
«Ahí ya hay un recorte y además no ha habido una actualización del presupuesto en estos últimos tiempos», cuestionó.
Finalmente, Stein mencionó la situación de los hospitales universitarios y recordó que el gobierno nacional se había comprometido a actualizar sus partidas presupuestarias a través de un acta firmada el 10 de junio, un compromiso que, según afirmó, todavía no fue cumplido.
La protesta docente continuará hasta el viernes y se inscribe en una nueva convocatoria nacional de las federaciones universitarias, que volverán a reclamar por la aplicación de la Ley 27.795 y una recomposición de los salarios del sector.
