El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transporte, formalizó este jueves el avance de la Red Federal de Concesiones (RFC) al publicar en el Boletín Oficial la Resolución 1843/2025. Dicha normativa convoca a la licitación pública nacional e internacional para la Etapa II, que implica la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas estratégicas para su construcción, explotación y mantenimiento a manos del sector privado.
Este paso se suma a la reciente adjudicación de la Etapa I de la RFC, que cubrió 741 kilómetros del Corredor Mercosur (Rutas Nacionales 12 y 14, más el Puente Rosario-Victoria), marcando la continuidad del plan de privatización vial.
La segunda etapa de la licitación se estructura en dos tramos geográficos principales, esenciales para la logística, la producción agropecuaria y el turismo, principalmente en las provincias de Buenos Aires y La Pampa:
- Tramo Sur Atlántico Acceso Sur (1.325,17 km):
- Incluye arterias clave como la Ruta Nacional 3 (desde Cañuelas hasta Bahía Blanca), la Ruta Nacional 205 y la Ruta Nacional 226 (corredor turístico y agropecuario).
- Abarca accesos neurálgicos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y al Aeropuerto Internacional, como la Autopista Riccheri, Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Autopista Jorge Newbery.
- Tramo Pampa (546,65 km):
- Compuesto por la Ruta Nacional 5, desde Luján (Buenos Aires) hasta Santa Rosa (La Pampa), un corredor vital para el transporte de la producción agrícola.
El objetivo central de la RFC es modernizar la infraestructura vial argentina, que según cifras oficiales, concentra el 80% del tránsito del país en el 20% de su red total (cerca de 9.154 kilómetros).
El principal cambio de este nuevo esquema es la eliminación total de los subsidios públicos. A diferencia del modelo anterior, la sostenibilidad financiera de estos corredores dependerá exclusivamente de la eficiencia de los nuevos operadores privados, con los peajes como fuente única de ingresos. Vialidad Nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, conservará el rol de autoridad de control y supervisión para asegurar que las empresas cumplan con los contratos y garanticen la calidad de las obras y la seguridad vial para los usuarios.
