Por Julieta Abril Barboza*
A comienzos de octubre, la Cámara de apelación en lo Civil y Comercial de Morón rechazó la petición de un abogado: durante la segunda instancia del juicio, que es en la que se revisa el caso, comprobaron que el defensor utilizó Inteligencia Artificial (IA) sin control para escribir su pedido. El texto contenía alucinaciones con fechas, nombres y leyes inventadas a base de una sentencia falsa.
Sin embargo, los riesgos que presenta el mal uso de esta herramienta no eliminan las ventajas que puede brindar en los procesos judiciales que suelen necesitar el análisis de expedientes y la realización de trámites burocráticos. En este escenario, la IA colabora con la digitalización de documentos, la extracción de datos y la búsqueda de información jurídica.
La abogada Marcela Cáceres, quien se desempeña en la provincia de Buenos Aires y trabaja en las áreas de Derecho de Familia, Laboral y contratos, sostiene que estas herramientas pueden facilitar tareas administrativas, pero que la interpretación de la norma exige la intervención de una persona competente. En ese sentido, explica que “una herramienta automatizada podría pasar por alto elementos relevantes o alterar datos que perjudican la veracidad de los procesos”.
¿Qué pasa si la IA reproduce sesgos?
Los sistemas de IA funcionan a partir de datos generados por las personas. Si esos datos contienen prejuicios o reproducen desigualdades sociales, la tecnología puede aprender de estos patrones y replicarlos en los resultados. Esta es una de las advertencias que plantea el informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), al señalar los riesgos de incorporar estas herramientas sin una supervisión adecuada.
Esta problemática se observa, por ejemplo, en un algoritmo de Facebook que asociaba una imagen de un padre bañando a su hijo con contenido de abuso sexual infantil. Este caso permite ilustrar cómo una interpretación automatizada equivocada puede tener consecuencias para las personas involucradas. En el ámbito judicial, donde las decisiones pueden afectar derechos, revisar los resultados de la IA no debería ser opcional.
Frente a estos riesgos, la capacitación de los trabajadores aparece como una de las medidas necesarias para incorporar la IA de manera responsable. Según un relevamiento interno del Ministerio Público Fiscal de la Nación, más del 90 por ciento de los consultados manifestó la necesidad de recibir formación sobre estas herramientas. El dato refleja que su implementación no depende únicamente de la disponibilidad de tecnología, sino también de preparar a quienes deberán utilizarla y evaluar sus resultados.
A raíz de esta posibilidad de capacitar a los trabajadores jurídicos, surge la incertidumbre sobre cómo la automatización puede transformar el mercado laboral. Un estudio de la Universidad de San Andrés indica que el 54 por ciento de las personas encuestadas cree que la IA reducirá los puestos de trabajo.
En el ámbito judicial, esta preocupación convive con otra dificultad: la falta de personal para cubrir cargos. Según datos del Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial de la Nación acumula 266 vacantes de magistrados en distintas etapas del proceso de selección y designación.
Cáceres advierte que agilizar las tareas no elimina la necesidad de incorporar trabajadores capacitados: la tecnología puede contribuir a reducir la carga administrativa, pero no resuelve por sí sola los problemas estructurales de la Justicia. El desafío es aprovechar sus posibilidades sin deshumanizar los procedimientos ni delegar en una máquina las decisiones que afectan los derechos de las personas.
*Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en el marco del Taller de Gráfica VI.
