En General Villegas, la decisión del municipio de contratar seguridad privada para el Parque Municipal vuelve a poner en primer plano una preocupación que crece entre los vecinos: la inseguridad en los espacios públicos y, particularmente, durante la noche.
La administración que encabeza Gilberto Alegre avanzó esta semana con la apertura de sobres para incorporar vigilancia en el Parque General José de San Martín, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. La medida, lejos de ser aislada, expone la necesidad de reforzar controles en un lugar que en los últimos tiempos se convirtió en foco de conflictos, sobre todo los fines de semana.
La licitación se llevó adelante el lunes 27 de abril en el Palacio Municipal, con la participación de funcionarios del área de Gobierno, Seguridad y Compras. El objetivo es contratar un servicio por tres meses, con un presupuesto oficial de 15 millones de pesos. Dos empresas se presentaron: ZK Vigilancia S.A., que cotizó el total previsto, y MyM Seguridad de Villegas SRL, con una oferta levemente inferior.
Detrás del trámite administrativo hay un diagnóstico claro: el Parque Municipal concentra una fuerte circulación de jóvenes en horarios nocturnos, especialmente a la salida de los boliches, y esa dinámica viene acompañada de episodios de disturbios, vandalismo y situaciones que generan preocupación.
Desde el Ejecutivo sostienen que la presencia de personal de seguridad permitirá ordenar el espacio, prevenir conflictos y acompañar las actividades recreativas. Sin embargo, la decisión también deja al descubierto una realidad más amplia: la necesidad de recurrir a vigilancia privada para garantizar condiciones básicas de seguridad en un espacio público.
El Parque no es un caso aislado. En distintos sectores de General Villegas, vecinos vienen manifestando inquietudes por hechos de inseguridad y por la falta de controles en horarios críticos. En ese contexto, la medida aparece más como una respuesta puntual que como parte de una estrategia integral.
Mientras se analiza la documentación de las empresas oferentes para definir la adjudicación, el debate de fondo sigue abierto: cómo abordar de manera sostenida una problemática que ya no se limita a situaciones esporádicas, sino que empieza a formar parte de la vida cotidiana de la ciudad.
