La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que Texas pueda reclamar islas del Río Bravo y modificar por decisión propia los límites entre México y Estados Unidos. “La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal”, señaló la Cancillería en una nota informativa difundida el 30 de octubre, en respuesta al anuncio de autoridades texanas sobre nueve islas que consideran propiedad de ese estado.
Qué pasó: la SRE respondió a Texas por las islas del Río Bravo
El gobierno de Texas anunció que identificó nueve islas ubicadas en el Río Bravo como propiedad estatal y que permitirá el acceso de autoridades de seguridad para realizar labores de vigilancia, limpieza y patrullaje.
La determinación fue anunciada el 26 de octubre por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, a través de la Oficina General de Tierras de ese estado (GLO, por sus siglas en inglés). Según el comunicado oficial, la decisión se tomó después de revisar 28 islas situadas en la frontera entre Texas y México.
La dependencia texana sostiene que las nueve islas suman aproximadamente 66 acres y que su identificación como propiedad estatal permitirá que el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento Militar de Texas accedan a esos terrenos para supervisarlos y protegerlos.
Lo que está confirmado: el Tratado de Límites de 1970 y la CILA
La Cancillería mexicana respondió que los límites fronterizos están definidos por un tratado internacional y no pueden ser modificados unilateralmente por una autoridad estatal.
“Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional”, indicó la SRE. La dependencia explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que, en el Río Bravo, la línea divisoria internacional corre por el centro del cauce normal del río.
Ese límite determina la soberanía de las tierras ubicadas a ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía que hayan tenido previamente.
El instrumento internacional al que se refiere la Cancillería es el Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas y Pendientes y para Mantener a los Ríos Bravo y Colorado como la Frontera Internacional entre México y Estados Unidos, firmado el 23 de noviembre de 1970.
La SRE también precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el tratado y determinar de qué lado de la línea divisoria se encuentra cada isla.
“Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”, sostuvo la dependencia.
El tratado establece, además, que ninguno de los dos países puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.
Lo que no sabemos: la postura del Gobierno federal de Estados Unidos
Hasta el momento de este reporte no se ha localizado un pronunciamiento del Gobierno federal de Estados Unidos que respalde o cuestione la determinación anunciada por Texas.
Tampoco se ha informado públicamente que la CILA haya emitido una resolución específica sobre la ubicación fronteriza de las nueve islas mencionadas por la Oficina General de Tierras.
La declaración de una autoridad estatal texana sobre la propiedad de esos terrenos no equivale, por sí misma, a una modificación de la frontera internacional. La determinación de la línea divisoria y de qué lado queda cada isla corresponde al mecanismo binacional establecido en el tratado.
Por qué importa: Texas busca acceso para operaciones de seguridad
La Oficina General de Tierras de Texas informó que la identificación de las nueve islas permitirá que autoridades estatales y federales tengan acceso para realizar operaciones de seguridad fronteriza.
En su comunicado, la comisionada Dawn Buckingham señaló que la medida busca que los terrenos puedan ser inspeccionados y patrullados. También reconoció que no se ha confirmado actividad criminal en esas nueve islas, aunque argumentó que, por experiencias anteriores, territorios insulares de la frontera pueden ser utilizados por organizaciones criminales y contrabandistas.
La funcionaria vinculó la decisión con la estrategia de seguridad del estado y con la posibilidad de que las fuerzas del orden realicen labores en esos terrenos.
La diferencia entre la postura de Texas y la de México está en quién tiene atribuciones para determinar la ubicación de la frontera y la soberanía de cada isla. Mientras la autoridad texana sostiene que identificó nueve terrenos como propiedad estatal, la SRE recuerda que la delimitación internacional se rige por un tratado entre ambos países y que su aplicación corresponde a la CILA.
Qué sigue: México dará seguimiento a las acciones en la zona
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reiteró el compromiso de México con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común.
La Cancillería también sostuvo que mantiene su disposición al diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos entre ambos países.
La controversia deberá atenderse conforme al marco binacional de límites y aguas. La posición de México es que ninguna decisión de un gobierno estatal puede sustituir los procedimientos previstos en el Tratado de Límites de 1970 ni las atribuciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
