Al cumplirse un mes del femicidio de Graciela López, familiares de la víctima difundieron un duro comunicado en el que reclamaron avances en la investigación judicial, asistencia integral para los tres hijos de la mujer y una mayor intervención del Estado frente a la violencia de género.
En un escrito, la familia exigió que el principal acusado, Luciano Alberto Etudié, sea juzgado como autor de un femicidio y reclamó celeridad en la causa. Recordaron que el imputado se desempeñaba como Cabo Primero de la Policía del Chaco y sostuvieron que el crimen habría sido planificado para actuar con impunidad. Además, señalaron que el acusado también se encuentra imputado en otra causa por el asesinato de su padre.
Los familiares también cuestionaron las condiciones de detención del imputado y solicitaron que sea trasladado a una celda común en la alcaidía. «Basta de beneficios corporativos por haber llevado un uniforme», expresaron, al considerar que no debe recibir un trato diferencial por su condición de exintegrante de la fuerza policial.
Otro de los reclamos centrales apunta a la situación de los tres hijos de Graciela López, quienes quedaron al cuidado de sus abuelos tras el crimen. La familia pidió asistencia psicológica, educativa y alimentaria urgente para los niños y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar el acompañamiento necesario para su desarrollo y bienestar. También destacaron el esfuerzo que realizan los abuelos para afrontar la crianza en medio del dolor provocado por la pérdida.
En el mismo sentido, solicitaron una solución habitacional urgente y mejoras en la vivienda familiar, afectada por problemas de inundaciones. Según señalaron, Graciela López trabajaba junto a sus padres para ampliar y acondicionar la casa que compartían. Además, recordaron que la mujer estudiaba para recibirse como profesora de Educación Especial y que sostenía económicamente a sus tres hijos mientras perseguía ese objetivo.
Finalmente, la familia reclamó a los tres poderes del Estado provincial el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género. También pidió que las autoridades se pronuncien contra los recortes nacionales en programas de asistencia y prevención, y que acompañen el pedido de declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género y Femicidios. «Hoy ella ya no está porque el Estado falló en protegerla», concluye el mensaje difundido al cumplirse el primer mes del femicidio.
