Un juez de Barcelona ha concluido que el despido de la exresponsable de cumplimiento normativo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), cesada tras investigar a la cúpula de la empresa, fue procedente, ya que considera que no la cesaron como represalia, sino por acosar laboralmente a un trabajador.
En la sentencia, el tribunal avala la argumentación de TMB, contra quien la exjefa se querelló tras su cese, y acredita la existencia de acoso laboral hacia un empleado, por lo que resuelve que la demandante era “merecedora” del despido.
“A la vista de la gravedad de los hechos, no existe posibilidad de atemperar la sanción impuesta”, determina el juez, que ha absuelto al consejero delegado de TMB, Xavier Flores, a la jefa de recursos humanos y al director jurídico, acusados por la exdirectiva de haberla cesado ilegítimamente y de haber vulnerado derechos fundamentales.
Los testigos y correos prueban que la exdirectiva acosó laboralmente al empleado con críticas, amenazas, gritos e insultos
La demandante, que recurrirá la sentencia, fue despedida en junio del 2024 tras abrir un expediente por un presunto caso de acoso laboral a una empleada que implicaba a tres directivos de la empresa. Según sostiene la demandante, fue esta investigación la que motivó su despido.
La cúpula de TMB, sin embargo, justificó el despido en respuesta a otra denuncia por acoso laboral contra ella, un argumento que defendieron el empleado que interpuso la demanda y tres compañeros más en el juicio.
La sentencia acredita que los testigos y correos mandados por la demandante prueban que la exdirectiva acosó laboralmente al empleado con críticas, amenazas, gritos e insultos, excluyéndolo de reuniones del equipo, poniéndole objetivos imposibles de cumplir o presionando a sus compañeros para que no se relacionasen con él.
La demandante señaló que su despido fue resultado de un protocolo impulsado por una de las exdirectivas investigadas y desarrollado de forma anómala
“Se evidencia el hostigamiento continuo y permanente que la actora ha venido ejerciendo, vaciándolo de funciones, requiriéndolo para que modificase las funciones que figuraban en la descripción de su puesto de trabajo y relegándolo a tareas de un nivel muy inferior al que le correspondía”, detalla el texto del juez.
“A mí me pasó y estoy seguro de que a otros compañeros también”, declaró uno de los empleados en el juicio respecto a las prácticas discriminatorias, mientras que otro apuntó al “clima extraño” que generaba la responsable en su área, donde “la media de tiempo que pasaba la gente era corta”.
La demandante señaló en la querella que su despido fue resultado de un protocolo impulsado por una de las exdirectivas investigadas y que fue desarrollado de forma anómala por una empresa contratada “a dedo”. Sin embargo, la sentencia establece que la cúpula de TMB tenía la intención de elaborar dicho protocolo antes incluso de tener conocimiento de que la demandante hubiera tramitado un expediente que señalaba a mandos de la compañía.
Acusados de despido improcedente
El juez ha absuelto al consejero delegado de TMB, Xavier Flores, a la jefa de recursos humanos y al director jurídico
La remodelación del departamento y del protocolo implicó que se externalizasen las denuncias, hasta el momento gestionadas por la entonces responsable de cumplimiento normativo, y fue cuando el trabajador interpuso contra ella la denuncia por acoso laboral, pues “no tendría ningún sentido” que lo hubiese intentado antes, razona el juez.
La sentencia señala, además, que la exjefa ejercía “injerencia y presión” de forma “recurrente” sobre los despachos a los que encargaba informes para que alcanzaran las conclusiones que le interesaban.
Cuando fue cesada, la responsable de cumplimiento normativo era persona informante protegida por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), condición que había solicitado por el “miedo injustificado” a que la vaciaran de funciones como consecuencia de sus investigaciones, según el juez.
La demandante, que manifestó a inicios de marzo la voluntad de recuperar su puesto de trabajo, aseguró que TMB le hizo una oferta económica para evitar llegar a juicio, algo que niega la empresa pública, a la que el juez sí ha obligado a abonarle 10.000 euros de salario variable por los objetivos laborales que cumplió antes de ser despedida.
