Los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc) aprobaron este viernes en Viena abrir negociaciones sobre un protocolo contra los delitos ambientales, una iniciativa impulsada por ocho países latinoamericanos, incluido Uruguay, que reconoce el papel de los pueblos indígenas en la lucha contra esos crímenes.
La resolución recibió un amplio respaldo, con 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones. La Untoc es el único tratado mundial vinculante contra el crimen organizado transnacional. Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Irán y Arabia Saudí figuraron entre los países que votaron en contra, mientras que la mayoría de los países europeos y latinoamericanos respaldaron el texto.
Brasil, uno de los promotores de la resolución, calificó de «histórica» la decisión y agradeció a la sociedad civil sus llamamientos para reforzar la lucha contra los delitos que afectan al medioambiente. Con esta decisión se crea un comité especial encargado de elaborar un protocolo adicional a la Convención para combatir el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, incluida la madera, la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos y el de residuos.
La iniciativa fue presentada por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.
El texto reconoce la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales para apoyar los esfuerzos de los Estados contra los delitos ambientales y la corrupción asociada, de acuerdo con las legislaciones nacionales.
Ese reconocimiento sitúa a las poblaciones que habitan muchos de los territorios afectados entre los actores que contribuyen a combatir esas actividades.
La resolución advierte de que los delitos ambientales no dañan solo los ecosistemas: también amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. El reconocimiento de los pueblos indígenas figura en el preámbulo de la resolución aprobada, que no establece todavía un mecanismo para su participación en las negociaciones, una cuestión que quedará por definir durante el proceso.
Texto y foto: EFE
