Por Valentina Rosario Russo*
La precarización laboral en Argentina se profundizó durante el mandato de Javier Milei con la revisión de cientos de convenios colectivos de trabajo. El Gobierno nacional comenzó a convocar a sindicatos y cámaras empresariales para renegociar 446 acuerdos en un proceso que podría alcanzar a casi 800 si se incorporan los convenios de empresas. La medida no representa solamente una discusión administrativa sobre normas laborales: abre un escenario de incertidumbre sobre las condiciones que regulan la vida cotidiana de millones de trabajadores.
Para comprender el alcance de esta iniciativa, es necesario detenerse en la función de los convenios colectivos. Estos acuerdos, negociados entre representantes sindicales y empleadores, establecen condiciones específicas para cada actividad, como salarios, categorías profesionales, jornadas, adicionales y licencias. Su importancia radica en que fijan un piso común de derechos y permiten equilibrar, al menos parcialmente, una relación marcada por la desigualdad de poder entre quien contrata y quien necesita trabajar.
Estos instrumentos pueden organizarse según el sector, el ámbito territorial y las empresas alcanzadas. La función general de la negociación colectiva también permite comprender por qué su modificación resulta tan relevante para el debate laboral argentino.
El punto más sensible de la reforma es el cambio en el régimen de ultraactividad. En este punto, la abogada laboralista Natalia Salvo advierte sobre las consecuencias que puede tener la pérdida de protecciones para los trabajadores. “La ultraactividad hace que los derechos obtenidos y consagrados en los convenios colectivos mantengan vigencia hasta tanto se renegocien otros”, explica. Para la abogada, si esos derechos dejan de estar protegidos, la renegociación se desarrolla en condiciones de mayor vulnerabilidad para quienes dependen de ellos.
En ese contexto, la discusión excede la actualización de los salarios. Entre los sectores alcanzados figuran actividades como Comercio, Construcción, Transporte, Alimentación, Bancarios, Sanidad, Gastronomía y Prensa. La amplitud de la convocatoria plantea un interrogante central: ¿la revisión servirá para actualizar normas que quedaron desfasadas frente a los cambios productivos o se convertirá en una oportunidad para reducir conquistas históricas? Salvo advierte sobre este último riesgo y sostiene que la revisión “va a ser una oportunidad para terminar, reducir, menguar o directamente pulverizar las conquistas obtenidas”.
La abogada también cuestiona la idea de que la flexibilización laboral pueda presentarse como una simple actualización de las normas. “El trabajador es un desigual respecto del empleador para negociar sus derechos”, señala. En ese sentido, explica que el derecho laboral establece pisos mínimos de protección precisamente para limitar esa desigualdad y evitar que las condiciones de trabajo queden sujetas únicamente a la capacidad de negociación individual. Por eso, advierte que las modificaciones presentadas como una modernización pueden terminar afectando derechos ya conquistados.
La controversia aparece, además, en una economía en que la estabilidad laboral no puede analizarse de manera aislada del poder adquisitivo, el consumo y las dificultades que enfrentan los hogares para sostener sus ingresos. La precarización, por lo tanto, para los expertos, no se limita al empleo informal: también puede expresarse en la inestabilidad, la pérdida de previsibilidad, la multiplicación de tareas sin una remuneración equivalente o la dificultad para ejercer derechos reconocidos. En ese marco, una reforma laboral puede evaluarse no solo por su capacidad de reducir costos, sino también por sus efectos sobre la calidad del empleo y la distribución del ingreso.
Desde el punto de vista político, el Gobierno presenta la modernización de las relaciones laborales como una herramienta para adecuar las reglas a las transformaciones del mercado de trabajo. Los sindicatos, por su parte, enfrentan el desafío de defender condiciones conquistadas sin desconocer los cambios tecnológicos y productivos que atraviesan sus actividades.
El problema surge cuando la flexibilidad se convierte en un objetivo en sí mismo y la negociación se desarrolla entre actores con recursos y capacidad de presión muy diferentes, porque modernizar no equivale automáticamente a mejorar. Para que el proceso no profundice la precarización, debería contemplar mecanismos de protección, representación efectiva de los trabajadores y transparencia sobre los cambios que se acuerden. La prueba concreta será si la nueva regulación genera empleos de mayor calidad o traslada una porción mayor del riesgo económico a quienes viven de su salario.
Periodismo en disputa: la actualización del estatuto y la protección de quienes informan
La situación adquiere una dimensión particular en el sector periodístico, en que la transformación tecnológica, la expansión de las plataformas digitales, el trabajo por encargo y el pluriempleo conviven con la necesidad de preservar la independencia profesional. Las condiciones salariales y laborales reflejan parte de esta problemática.
Mariana Sidoti Gigli, periodista y licenciada en Comunicación Social, secretaria adjunta de SIPREBO, describe el deterioro de los ingresos del sector: “Estamos hablando de un salario en bruto, sin descuentos, que no llega al millón de pesos para un redactor que recién empieza”. A esto se suma la necesidad de combinar distintas fuentes de trabajo para sostenerse económicamente. “Tenemos dos mínimo, pero luego tres y hasta cuatro trabajos para poder sobrevivir”, asegura.
La precarización también se expresa en las modalidades de contratación. Sidoti Gigli advierte sobre la existencia de relaciones laborales encubiertas bajo la figura del monotributo: “La realidad es que uno es monotributista y tiene que ir todos los días a trabajar, entonces no es monotributista”. Estas condiciones se vinculan con una mayor inestabilidad y con las dificultades para sostener el ejercicio de la profesión.
El 9 de junio, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y sindicatos de Prensa de todo el país presentaron un proyecto de actualización del Estatuto del Periodista Profesional. La propuesta busca reemplazar la Ley 12.908 antes de su derogación y conservar garantías como la protección frente al despido arbitrario, la jornada limitada y la cláusula de conciencia. También incorpora cuestiones que el marco histórico no contemplaba de la misma manera, como el teletrabajo, la inteligencia artificial, el derecho al cuidado, la prevención de la violencia y la salud psicofísica. El objetivo es que las protecciones acompañen las nuevas formas de producir y distribuir información, sin que el cambio tecnológico se traduzca en una pérdida de derechos.
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó sus propios lineamientos para una nueva legislación profesional y advirtió sobre el riesgo de que la derogación del estatuto vigente, prevista para el 1 de enero de 2027, deje un vacío legal de alcance federal. La organización propone contemplar a periodistas de medios tradicionales, digitales y plataformas, tanto en relación de dependencia como independientes, además de resguardar las fuentes, establecer garantías éticas y abordar el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y la responsabilidad profesional.
En septiembre, FOPEA llevó la discusión al Senado, según informó en su presentación sobre la urgencia de un nuevo estatuto. Aunque FATPREN y FOPEA representan perspectivas institucionales distintas, ambas iniciativas ponen en evidencia una preocupación compartida: la necesidad de que la evolución del trabajo periodístico no debilite las condiciones que permiten ejercerlo con autonomía y responsabilidad.
La discusión sobre los convenios colectivos y el futuro del estatuto periodístico forma parte de un debate más amplio sobre el modelo de relaciones laborales que tendrá Argentina en los próximos años. En una sociedad atravesada por la incertidumbre económica y las tensiones entre competitividad, empleo y protección social, el desafío no consiste únicamente en modificar normas, sino en determinar quiénes asumirán los costos y quiénes recibirán los beneficios de esos cambios. Como señala Sidoti Gigli, “los derechos laborales de los periodistas no son un privilegio, ni mucho menos corporativo, sino que son parte de las condiciones que hacen posible la libertad de expresión”.
Si la modernización avanza sin garantías suficientes, la flexibilidad corre el riesgo de convertirse en sinónimo de inseguridad. Frente a este panorama, la gran incógnita es si los cambios que se vienen combinarán actualización, diálogo y derechos efectivos, que ayudarán a construir un mercado laboral más dinámico, o si convertirán la vulnerabilidad de los trabajadores en una condición permanente.
*Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en el marco del Taller de Gráfica VI
